Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Titulación, motor de la deforestación

El país está alarmado por el acelerado proceso de deforestación que se está registrando en áreas anteriormente controladas por las Farc y que ahora son tierra de nadie. El Gobierno y las prácticas institucionales son parcialmente responsables de esta dinámica.

Según la tradición institucional —puesta en marcha por el Incora y el Incoder— haber talado dos terceras partes del bosque en el área que se solicitaba fuese titulada era requisito para demostrar que se estaba transformando un bosque improductivo en un área de uso agropecuario. Al campesino se la exigía talar para demostrar gestión productiva y legitimar su solicitud de titulación. Ahora, inversionistas que quieren apoderarse de tierras están pagando motosierristas para talar el bosque y luego, como propietarios de las mejoras, pedir la regularización del título. Así la tierra les sale barata. El Gobierno ha impulsado históricamente esta lógica y, mientras no haga y divulgue lo contrario, es dinamizador de una acelerada destrucción.

Hay una herramienta en manos del Gobierno Nacional que debe ser usada. Debería anunciarse a los cuatro vientos que la Agencia Nacional de Tierras sólo titulará aquellos predios que estén cumpliendo con la función ecológica de la propiedad y que la titulación será posterior a un proceso concertado con las comunidades locales sobre el Ordenamiento Ambiental Territorial. Debe ser entendido y divulgado que tener deforestado no será considerado un argumento a favor de la titulación. Muy por el contrario: será considerado un factor de exclusión para el proceso de titulación.

La práctica tradicional, de exigir deforestadas dos terceras partes del terreno para pedir titulación, debe ser erradicada. Corresponde a una visión errática, de tiempos en los cuales no se reconocía valor al bosque y los servicios ecosistémicos. Las cosas han cambiado y hoy el bosque vale, local, regional, nacional e internacionalmente.

En muchos casos el mayor valor económico y social de un área está relacionado con su gestión de conservación, dada la importancia que tienen los servicios ecosistémicos, asociados a los ecosistemas naturales y seminaturales, asociados a la sostenibilidad de la producción regional y la calidad de vida local y global.

Los decretos recientemente aprobados en el contexto de la ejecución del Acuerdo de Paz son el escenario inmediato en el que hay que actuar. Tales decretos son: Ley 907 que trata del acceso y formalización de los títulos de propiedad y del Fondo de Tierras; la 882 por la cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y la 870 sobre compensaciones ambientales por gestión de conservación.

Hay que divulgar y reglamentar lo que dice la Ley 907 que señala que los predios adjudicados contarán con un levantamiento predial y deben cumplir con la función social y ecológica de la propiedad. Adicionalmente, dice: “Todo proyecto productivo deberá atender a las condiciones del suelo y propenderá por el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, respetando la función ecológica y social del predio adjudicado.”

De una clara y adecuada reglamentación de los decretos mencionados depende que se frene el actual estimulo que, desde el Estado, está favoreciendo la deforestación. Desde ya se deben hacer anuncios a este respecto. Mientras en el Caquetá avanza la destrucción.

 

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