Por: Juan Carlos Gómez

TLC y TIC, begin to begin?

Hace dos semanas Armando Montenegro, en su columna dominical, recordó que, por proteger a unos pocos terratenientes, los colombianos pagamos un 30% más por las arepas de maíz.

“Se trata de un arancel del 40% que se liquida por encima de un altísimo precio internacional del maíz blanco”. Según Montenegro, con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos es posible evitar que en el futuro los “gobiernos, capturados por intereses particulares, puedan imponer gravámenes arbitrarios y discriminatorios en contra de los intereses de los consumidores”.

En el sector de TIC ya es hora de identificar esos productos que también estamos saboreando a precios artificialmente altos. De acuerdo con un estudio reciente de la UIT, Colombia —junto con Perú— es el país de América Latina en donde se cobran a los usuarios las tarifas más altas por el acceso a internet. Esta situación, que afecta gravemente el bienestar de los consumidores colombianos —aparte de la deplorable velocidad y estabilidad de las conexiones—, tendría su origen en la práctica ilícita de subsidios cruzados en la que podrían estar incurriendo algunos operadores de televisión por suscripción: televisión relativamente barata e internet cara. Así impiden en sus mercados la entrada de la competencia.

La entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos puede ser una excelente noticia para los usuarios de telecomunicaciones, pues podría ampliarse la oferta y calidad de los servicios y, sobre todo, reducirse significativamente las tarifas. Es urgente y necesario entrar a determinar si la protección que se concede a los operadores que prestan actualmente sus servicios en Colombia frente a operadores extranjeros constituye o no un indebido privilegio que deba terminar.

El TLC con Estados Unidos se negoció hace más de cinco años, plazo que en el mundo de las telecomunicaciones equivale a más en términos de innovaciones y de realidades de mercado. Además, muchos de los parámetros normativos de la ley de TIC, expedida en 2009 —y la regulación derivada de la CRC— pueden resultar incongruentes con los términos del tratado, como en el caso de los servicios de información. Para evitar un caos normativo que desincentive las esperadas inversiones, en algunas materias tal vez sea necesario volver a empezar.

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