Todas las casualidades

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Una estrategia coordinada pareciera estarse cocinando para tratar de desacreditar la investigación por fraude procesal y soborno de testigos en concurso homogéneo y sucesivo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Vamos por partes.

La primera táctica de esa estrategia se hizo evidente el pasado 8 de mayo con el comunicado conjunto de los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana.

En el mensaje los penalistas intentan desacreditar las pruebas contra Uribe en el proceso, señalando, de nuevo, que la interceptación del teléfono del expresidente fue ilegal.

Se trata de una serie de interceptaciones a su línea que la Corte Suprema de Justicia asegura haber obtenido de manera “imprevista e inevitable”, pues en el curso de una investigación contra el excongresista chocoano Nilton Córdoba, en 2018, se terminó interceptando el celular de Uribe.

Los abogados Lombana y Granados establecen que, tras adelantar una investigación independiente por su cuenta, le pidieron a la Fiscalía que se imputen cargos en contra de varios funcionarios del CTI, así como de antiguos servidores de la Rama Judicial que tuvieron participación, por acción o por omisión, en la interceptación telefónica de la que fuera víctima el expresidente Uribe entre el 9 de marzo de 2018 y el 9 de abril del mismo año.

Frente a esto la Corte Suprema ha dicho desde 2018, cuando reconoció que había interceptado al senador Uribe, que ese abonado telefónico aparecía registrado, de manera reiterada, “como dato de contacto del representante a la Cámara” Córdoba y no como el de Uribe Vélez. Es decir que fue un “hallazgo inevitable”, lo que no significa que las pruebas recabadas sean ilegales.

Por lo demás, no son esas las únicas grabaciones que existen en el proceso. Hay otras cuantas que los distinguidos juristas olvidan mencionar y que resultan determinantes para el caso. Por ejemplo, aquella donde Uribe Vélez ordena: “Proceda, doctor Diego”, autorizando que se ofrezcan servicios jurídicos gratuitos a un testigo en su contra.

Eso es importante, pero el pedido a la Fiscalía determina la siguiente táctica de la estrategia.

Todo parece indicar que el ente investigador piensa pedir para Diego Cadena, el abogado de Uribe investigado por manipulación de testigos, lago por cárcel.

Me explico.

El pasado 29 de abril en una intervención ante el Congreso, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que los fiscales solo solicitarán medida de aseguramiento por casos excepcionales, delitos graves y “para personas peligrosas, personas que puedan causar un daño inminente a la sociedad”.

Dos días después de esa intervención envié un derecho de petición al fiscal Barbosa preguntándole si dentro de esa definición entran los delitos de soborno de testigos en concurso homogéneo y sucesivo y fraude procesal, que son por los cuales se investiga al abogado Diego Cadena.

Fuera de eso, me atreví a cuestionar si el señor Diego Cadena es un imputado que puede ser visto como una persona peligrosa para el sistema jurídico colombiano o si la Fiscalía General de la Nación ha recibido presiones de alguna índole en ese proceso.

Pues el pasado 19 de mayo la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía dio respuesta a mi derecho de petición, sin realmente responder las preguntas.

Sobre el tema de dar medida de aseguramiento se limitó a decir: “Dentro de la investigación penal adelantada en contra del señor Diego Javier Cadena Ramírez le corresponde al fiscal delegado, con fundamento en el marco normativo vigente y en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida con que se cuente, determinar si es procedente o no solicitar la imposición de las medidas de aseguramiento que están contempladas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)”. (Ver Respuesta).

Es decir, amanecerá y veremos. Mientras tanto, el abogado Cadena se encuentra en una cómoda finca con vista a un lago, como dejó ver en el video que puso el 28 de abril en su cuenta de Twitter, y la Fiscalía sigue sin moverse pese a que todas las pruebas parecen inculparlo. (Ver Trino).

Por lo cual su abogado Iván Cancino —¿recuerdan al experto en aplazar diligencias por problemas estomacales?— se ha movido y ha dicho que no importa lo que muestren las evidencias, porque Diego Cadena simplemente no podía ser interceptado por ser abogado del senador Uribe. Esa condición de abogado del expresidente no está acreditada ante la Corte Suprema, que es la única instancia que puede procesar al senador. Aceptar la novedosa tesis de Cancino equivaldría a decir que a cualquier abogado le bastaría alegar su profesión para delinquir y luego usar el secreto profesional como burladero.

Terminemos.

El tercer elemento de esa estrategia recae en las acciones de Cristina Lombana, magistrada de la Corte Suprema, para recusar y desacreditar a César Reyes, el magistrado instructor del caso contra el expresidente Uribe.

La magistrada envió una carta el pasado 3 de abril a Reyes, en la que le exigió responder puntualmente si es cierto que, como consultor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sostuvo un vínculo laboral o personal de amistad con la esposa del congresista Iván Cepeda. (Ver Radicado 52251).

La información que cita la magistrada fue publicada en un portal llamado La Otra Cara, que hace una persona llamada Sixto Alfredo Pinto. Este último trabajó en el pasado con dos grandes amigos de Uribe: Pedro Juan Moreno, fallecido en la caída de un helicóptero, y Juan Gonzalo Ángel, hermano del narcotraficante amnistiado Guillo Ángel, que —oh, casualidad— es el dueño del helicóptero en el que murió Moreno Villa. En 2005, Sixto Pinto hizo montajes periodísticos contra Hollman Morris junto con el coronel Iván Duque.

Increíbles las fuentes de la magistrada.

El 22 de abril el magistrado César Augusto Reyes le respondió a la magistrada Lombana con un documento en el que ordena retirar del expediente el oficio, y un día más tarde la magistrada le reclamó el retiro del oficio. Fuera de eso le advirtió que ella no lo presentó como sujeto procesal en ningún momento.

Uno de los argumentos de Lombana es que al pertenecer a la Sala de Instrucción tiene todo el derecho a llevar este tipo de peticiones o solicitudes, por lo que, además, le pidió tener en cuenta un salvamento de voto en una decisión de sala sobre otro proceso. (Ver Oficio 094)

Extraña la dura presión para desacreditar a Reyes por parte de la magistrada Lombana, a quien el periodista Daniel Coronell ha llamado “la calladita” por omitir en su hoja de vida y su entrada a la Corte Suprema que había trabajado en la oficina de Jaime Granados, uno de los abogados de Álvaro Uribe en este mismo proceso.

También estuvo calladita cinco meses con los resultados de los allanamientos a instalaciones de inteligencia militar donde se hacían seguimientos ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes políticos. Solo vino a acordarse del proceso cuando los publicó la revista Semana.

Y aquí otra gran casualidad: de todos los magistrados posibles, le tocó allanar al Ejército a la única que ha sido miembro del Ejército, la mayor Cristina Lombana.

Después de allanar, y encontrar lo que encontró, la magistrada Lombana fue calladita a reunirse con los altos mandos militares. Apenas esta semana vino a reconocer que debe declararse impedida en ese proceso porque lo que la operación empezó para establecer si el receptor de la información ilícita era el mismo expresidente Álvaro Uribe, quien fuera su comandante en jefe.

Toda una estratagema que termina reuniendo a las mismas personas en los mismos problemas.

@yohirakerman, akermancolumnista@gmail.com

 

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