Por: Cartas de los lectores

Todas las curules deben ser para la paz

Las decisiones con criterio político generalmente son erradas. En el caso del proyecto de acto legislativo que crea 16 circunscripciones transitorias especiales de paz se han dado pasos de ciego. Todas las circunscripciones deben ser de PAZ. Que no haya duda sobre este deber de los congresistas.

Las relaciones jurídicas sustanciales son el referente para establecer las relaciones jurídicas procesales. En el caso en estudio se sabe que el Senado no aprobó el proyecto porque consideró que no obtuvo los votos que exige la Constitución, según el Art. 375. En consecuencia, el proyecto se archivó. Y esa decisión de no aprobar es un acto administrativo que podría ser objeto de estudio judicial, pero como lo contempla la ley.

Las acciones de cumplimiento, Art. 87 C.N., tienen por objeto que se ordene el cumplimiento de una ley. Y si la acción prospera, se ordenará cumplir el deber omitido. En el caso referido, la ley que ordena tramitar el proyecto de acto legislativo con sus debates correspondientes se cumplió. Bien diferente es que haya personas que consideren que la ley se aplicó con un criterio jurídico diferente al que permitiría considerar que el proyecto se aprobó.

Debe tenerse claro que fue el Senado, no el secretario del Senado y menos el presidente del Senado, el que no aprobó el proyecto. Y un juez no puede tomarse la facultad de aprobar el proyecto, porque la atribución es privativa del Congreso. El juez posiblemente, ante el ejercicio de la acción que la ley consagra para estudiar la legalidad de actos administrativos, podría ordenar que se contabilice de nuevo la votación y se tome la decisión que corresponda según las consideraciones constitucionales y legales que se expongan en la sentencia correspondiente.

Entonces, ni la tutela, ni la acción de cumplimiento, ni un concepto del H. Consejo de Estado, concepto que no es vinculante, son la vía legal para que se ordene contabilizar de nuevo la votación del Senado y darle los efectos que la ley dispone.

La seguridad jurídica impide las sentencias políticas que pondrían en riesgo la estabilidad del país. Con lo que hemos vivido ya es suficiente para entender que estamos al borde del abismo.

Carlos Fradique-Méndez. Bogotá.

 

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