Por: Arlene B. Tickner

Todavía no

Desde el movimiento de los paraguas en contra de la intromisión china en la autonomía política de Hong Kong, el complejo modus vivendi “un país, dos sistemas” —mediante el cual son toleradas algunas prácticas democráticas repudiadas por Beijing, como la libertad de expresión, asociación y prensa, el sufragio y el Estado de derecho— ha sufrido un deterioro progresivo. Entre otras medidas adoptadas para desincentivar brotes futuros de inconformidad, la ocupación del espacio público —practicada durante 79 días en 2014— se declaró ilegal, varios líderes del movimiento fueron condenados y encarcelados, un partido proindependencia fue prohibido por razones de seguridad interna, las fuerzas pro-China ejercen mayoría en el comité legislativo y la protesta social se ha criminalizado.

Por su parte, el estilo de liderazgo de Xi Jinping, caracterizado por mayor asertividad y autoritarismo a la hora de ejercer control y disciplinamiento interno, se ha proyectado hacia Hong Kong y Macao, sobre los cuales Beijing tiene soberanía, pero también Taiwán, cuya líder ha manifestado solidaridad con la causa hongkonesa y condenado la ficción de “un país, dos sistemas”. En términos económicos, por más que la transformación china y su conversión en la segunda economía del mundo hacen a Hong Kong menos neurálgico, la ciudad sigue siendo un centro comercial y financiero importante para sus intereses.

Es en el contexto descrito que hay que leer las protestas masivas suscitadas por un proyecto de ley sobre la extradición de la jefa ejecutiva, Carrie Lam. La preocupación es que acabaría con la barrera jurídica que aún separa a Hong Kong de China, poniendo en riesgo la administración de la justicia criminal, así como los derechos de los “extraditables”. Mientras que el argumento oficial es que la legislación existente tiene vacíos que corren el riesgo de que Hong Kong se convierta en un refugio criminal, los críticos señalan con razón que la ley propuesta permitiría a Beijing aumentar la censura y represión, así como legalizar los secuestros que ha practicado ante la falta de un mecanismo formal, incluyendo varios recientes de cinco vendedores de libros “clandestinos” y un billonario.

A diferencia de las manifestaciones de 2014, cuya convocatoria fue menor, la erosión palpable de la autonomía de la ciudad ha llevado en esta oportunidad a la movilización de virtualmente todos los sectores de la sociedad hongkonesa, incluyendo el sector privado que generalmente es prochino. En las marchas de la semana pasada y fin de semana participaron alrededor de un millón y dos millones de personas, respectivamente, equivalentes hasta a un tercio de la población, de 7,4 millones. La inusitada y abierta brutalidad policial que se desplegó como primera respuesta parecería confirmar el riesgo que corren las formas de vida actuales de la ciudad, aunque la magnitud de las protestas obligó a la jefa ejecutiva, Lam, a archivar la ley de extradición. Si bajo el modelo vigente el presente de Hong Kong es incierto, su futuro pinta aun más desafiante, toda vez que, según el acuerdo suscrito entre China y Gran Bretaña, pasará por completo a manos de Beijing en 2047. De allí que una de las consigas que se oyen en estos días, “todavía no”, invita a pensar que los hongkoneses no se quedarán tranquilos ni quietos.

 

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