Por: Roberto Esguerra Gutiérrez

Todavía se puede

CONFUSIÓN Y CAOS SE OBSERVAN EN el sector de la salud, mientras la mayor parte de los ciudadanos no entiende qué está sucediendo, porque hasta la saciedad han tenido que soportar los efectos de la crisis de la salud y tenían la esperanza de que ya pronto habría una solución.

Es difícil entender cómo una ley que debe solucionar los problemas estructurales, hasta donde vamos perpetúa algunos de los más protuberantes y crea otros adicionales. Para acabar de completar, el cuerpo médico se encuentra justamente indignado, pues ha sido maltratado cuando se habla de “cartel”, por la implicación que tiene ese término entre nosotros.

El ministro del ramo se ha referido a la “quiebra” del sector y ha insistido en la necesidad urgente de unos recursos para evitar un colapso. Sería bueno que simultáneamente viéramos que los culpables de los robos de los dineros de la salud, que serían más que suficientes para que el sistema estuviera en equilibrio financiero, respondieran por fin ante la sociedad por sus fechorías.

Y qué decir de la integración vertical, sin duda el origen principal de muchos de los males del actual sistema, especialmente de la pérdida de billones de pesos. Aceptarla pretendiendo que se limita con unas definiciones imprecisas y artificiales es abrirle la puerta y ampliar su nefasto alcance. Lo único que la puede controlar es su prohibición total y sin excepciones.

La formación de especialistas es un tema que hay que abordar, pues la actual situación, en que los residentes deben pagar altas matrículas a las universidades sin que, literalmente, siquiera las pisen durante su formación, es una aberración. Como también lo es pretender solucionar la situación abriendo la puerta para formar muchos más especialistas. Aunque en el proyecto se avanza al establecer algún pago a los residentes por su trabajo, merece más discusión sobre cómo garantizar la calidad de la formación y sobre las condiciones que deben cumplir las instancias que vayan a certificar.

Para nadie es fácil entender que muchos de quienes hasta hace poco días clamaban a los cuatro vientos que la situación era insostenible, hoy estén diciendo que hay que “ahogar” esta reforma. Por otro lado, es comprensible que la indignación del cuerpo médico se manifieste con protestas, pero no se entendería que éstas fueran como las empleadas por otros sectores, que tanto malestar han ocasionado a la sociedad, aunque finalmente hayan logrado sus objetivos.

Ante tantas contradicciones, los puntos positivos que ya se han aprobado en el Senado, como que el Estado retome el control de los recursos, quitándolo de las manos de las EPS, han pasado inadvertidos. Este es un punto por el que se venía luchando desde hace años. Que estos recursos sean manejados en una instancia llamada Salud Mía es una buena idea, sin embargo, a esa entidad se le están asignando demasiadas funciones que la pueden asfixiar, y la terquedad de insistir en que los gestores tengan “cuentas” cuyos saldos finales son de su propiedad es perpetuar un conflicto ético insalvable, pues la negación de servicios resulta finalmente en utilidad para el gestor.

Aún se puede, y el Gobierno y el Congreso tienen esa enorme responsabilidad frente al país. Todos esperamos que en el tránsito por la Cámara y en la conciliación posterior se corrija el rumbo para llegar a las soluciones efectivas que los ciudadanos exigen, pues de lo contrario será un mal balance que las tres reformas más importantes del sector social, justicia, educación y salud, terminen mal.

Un sistema de salud eficiente, equitativo y justo, que verdaderamente solucione los problemas de salud de los ciudadanos, es pilar fundamental para la construcción de la paz.

 

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