Por: Arlene B. Tickner

Todo nos llega tarde...

Es difícil enumerar en tan breve espacio las implicaciones que tiene la ratificación del TLC, si sus efectos netos serán positivos o negativos, quiénes serán sus principales ganadores y perdedores, y qué se está haciendo para preparar al país para su entrada en vigencia.

Sin embargo, entre la cacofonía de voces, tanto celebratorias como fatalistas, que ha aparecido en torno al tema, es posible identificar un coro relativamente nítido.

Críticos y defensores por igual han cuestionado las cifras alegres que el gobierno Santos ha construido alrededor del TLC. Aunque se trata de algo imposible de cuantificar, se ha augurado que el tratado aumentará el PIB en 1%, el comercio entre Colombia y Estados Unidos en 40%, las exportaciones colombianas en US$50.000 millones en cinco años, las exportaciones no mineras en 300% en 10 años y el empleo en 250.000 nuevos puestos.

Otra promesa dudosa tiene que ver con las ventajas de exportar los productos colombianos libres de impuestos al “mercado más grande del mundo”. Desde 1993, cuando fueron aprobadas las preferencias arancelarias (hoy denominadas Atpdea) en reconocimiento de la corresponsabilidad estadounidense en la lucha contra las drogas, Colombia goza de dicho beneficio. Si después de 20 años de trato preferencial el país no desarrolló nuevas ofertas exportables hacia Estados Unidos, como sí ocurrió en Perú, ¿qué hace pensar que lo hará ahora?

Además de la dificultad de medir los beneficios potenciales del TLC, hay consenso de que Colombia perdió años invaluables de preparación mientras el tratado languidecía en el Congreso estadounidense. Pese a los intensos debates realizados entre la academia, el sector privado, el Congreso y los medios de comunicación, el extenso diagnóstico realizado antes de su negociación, la identificación de numerosos retos que generaría el TLC a la economía colombiana y el estudio de otros casos como Nafta (que para México ha sido doloroso), ni el Gobierno ni el sector privado avanzaron en la implementación de la “agenda interna”.

No sólo no se diversificó la oferta exportadora del país ni hubo avances en su transformación productiva, sino que se promovió la especialización en hidrocarburos y minería; no aumentó la competitividad internacional; y no mejoró la infraestructura vial ni la portuaria. Tampoco se implementó una estrategia de reconversión laboral para capacitar a quienes queden sin trabajo a causa del TLC para que puedan asumir nuevos puestos. Peor aún, en el caso del sector agrícola fueron derrochados los fondos asignados a AIS para proteger a los más afectados y mejorar su competitividad.

Es cierto, como ya se ha visto en el caso de los derechos humanos y los derechos laborales, que el TLC forzará la adopción de cambios normativos positivos en Colombia, y que también abaratará el consumo. No por ello puedan minimizarse sus costos, incluyendo tasas altas de mortandad entre cultivadores de cereales, productores de lácteos, pollo y carne, y en general pequeñas y microempresas urbanas y rurales, que en su mayoría carecen de eficiencia, recursos e infraestructura logística (por no mencionar subsidios del Estado) para competir con los productos estadounidenses, así como la capacidad de aprovechar la apertura de nuevos mercados. Como reza el poema de Julio Flórez, “todo nos llega tarde”… hasta el aprestamiento para el TLC. Es hora de que el triunfalismo y la improvisación cedan al pragmatismo, la transparencia y la planeación.

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