Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia: Marta Lucía Ramírez, su vicepresidenta

hace 5 horas
Por: Arlene B. Tickner

Todo por un TLC

Abril pinta como un mes extraordinario en lo que a la política exterior de Colombia se refiere.

En tan sólo una semana el presidente Juan Manuel Santos presidió el Consejo de Seguridad de la ONU, donde presentó su propuesta de fortalecimiento de la ayuda internacional para Haití y acentuó el vínculo que existe entre seguridad y desarrollo (uno de sus mantras). Firmó 16 acuerdos con Hugo Chávez y fungió como mediador para que éste se encontrara con el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, no sólo en búsqueda del restablecimiento de sus relaciones sino como paso indispensable hacia la reinserción hondureña en la OEA. Visitó la Casa Blanca y anunció el añorado destrabamiento del TLC con Estados Unidos. Y en estos días se entrevista con los líderes de España y Alemania para agilizar el trámite del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

A pesar de ello, después de cinco años de agonizante indefinición, el TLC y el plan de acción establecido como precondición para que entre en efecto se impusieron como tema único de discusión nacional. No cabe duda de que las 18 condiciones establecidas representan un avance en los temas laboral y de protección de los derechos humanos de los sindicalistas, lo cual es motivo de celebración. Sin embargo, queda el fuerte sinsabor de que fue por imposición estadounidense y no iniciativa colombiana que este compromiso se hubiera adoptado. No de otra manera pueden entenderse el estricto cronograma fijado en el plan de acción y la precisión numérica con la cual algunas de las medidas de prevención de violencia contra los sindicalistas, agilización en la aplicación de la justicia y garantías laborales se establecen.

A cambio de semejante genuflexión, el Gobierno colombiano insistió sin éxito en que el presidente Obama se comprometiera con una fecha específica para radicar el TLC ante el Congreso. Aunque los republicanos han exigido que los acuerdos pendientes con Colombia, Corea del Sur y Panamá sean presentados al tiempo, so pena de atrasar el nombramiento del nuevo secretario de Comercio y otras nominaciones, no hay garantías plenas de que el “nuestro” sea aprobado. Distintas ONG y congresistas demócratas han cuestionado los alcances del plan de acción. Dudan de que pueda implementarse en las fechas estipuladas, aún si el gobierno Santos quisiera, se oponen a la ratificación antes de que existan mecanismos de verificación y critican el hecho de que el acuerdo obvia la crisis general de derechos humanos. La AFL-CIO, la principal federación sindical, también ha reiterado su “fuerte oposición” al TLC con Colombia, la cual contrasta con su silencio ante el de Corea del Sur. Y la estratégica publicación de los “papeles Chiquita” por el National Security Archive, que documentan las transacciones hechas con grupos paramilitares y la guerrilla a cambio de servicios de seguridad, puede enturbiar el proceso al recordar sobre los riesgos (y costos humanos) de hacer negocios en Colombia.

Independientemente de las bondades del acuerdo logrado con el gobierno Obama y de su sincronía con los objetivos del de Santos, no deja de ser paradójico que justamente cuando Colombia comienza a perfilarse ante el mundo como un jugador proactivo que aspira a un papel de liderazgo, la obsesión con el TLC obligue a adoptar posturas que recuerden más bien la sumisión del pasado.

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