Por: Sergio Otálora Montenegro

Todos a prueba

Como gran cosa, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, afirmó que de ninguna manera dejará de consultar con las comunidades indígenas la construcción de un megaproyecto turístico en el parque Tayrona. A propósito: ¿no es esa su obligación si no quiere violar la ley?

A Santos, la idea le parece buena, siempre y cuando “el plan (cuente) con la aprobación de los indígenas y (cumpla) con los más altos estándares ambientales”. Incluso lo califica de “proyecto ecoturístico”. Mejor dicho: hay toda la voluntad política, por parte del Estado (y supongo que, también, de la bancada de la Unidad Nacional) para sacar adelante la inversión de una poderosa multinacional tailandesa (Six Senses) en territorio colombiano.

Por su parte, el gobernador del resguardo kogui-malayo y arhuaco, José de los  Santos  Sauna Limaco, dijo no saber nada del proyecto en cuestión y, además,  trazó los límites: la zona donde se quiere construir el complejo hotelero, es territorio de los koguis.  El ministro Vargas Lleras cree otra  cosa: la obra no estará dentro de ningún resguardo o asentamiento regular de pueblos indígenas.

Para cerrar la faena, detrás de este proyecto hotelero está la familia Dávila Abondano que, según informes de prensa, no sólo recibió subsidios de Agro Ingreso Seguro, sino además tiene relaciones bastante cercanas con la administración Santos. “Están armando una tormenta en un vaso de agua”, remató al presidente, para restarle importancia al hondo malestar que ha generado, en varios sectores del país, el proyecto de marras.

¿Cómo puede si quiera contemplar este, o cualquier otro gobierno, la posibilidad de abrirle las compuertas de  semejante joya ambiental y arqueológica  a los tiburones de la industria turística internacional? Eso es como si se pensara, como algo factible, en  la destrucción de las murallas de Cartagena para permitirle construir a Donald Trump dos modernos rascacielos, con el argumento sibilino de que atraerán más turismo, más recursos para el municipio y generarán más empleo.
¿Podrán las denuncias y columnas periodísticas, más las redes sociales, generar una presión tan fuerte que obligue al gobierno a engavetar una idea descabellada, ruinosa para el medio ambiente, pero, eso sí, rentable?

Este es el típico caso que pone a prueba, una vez más,  la efectividad del periodismo en un medio de limitadas garantías democráticas. Ya se anuncia  lo de siempre: debate en el Congreso con el ministro Frank Pearl. Con seguridad saldrán a la luz pública nuevos detalles del polémico plan, y hablarán los indígenas quienes (uno nunca sabe) de pronto dan luz verde al proyecto, bajo “estrictos compromisos,  personalmente pactados con el presidente Santos, de preservación del medio ambiente”.  ¿Y el Congreso? ¿Y la oposición? ¿Y la sociedad civil?

Espero estar muy equivocado, y que, esta vez, triunfen la tarea fiscalizadora del periodismo, el interés público, la presión social  y los mecanismos de control político.

¡QUÉ SEMANA!

Mientras el grupo terrorista ETA declaraba el final de más de 40 años de acciones armadas, que dejaron cientos de muertos y miles de heridos, en Libia, Muamar el Gadafi caía a manos de los rebeldes. Todo parece indicar que fue ejecutado.

Cunde el escepticismo: en España, porque genera desconfianza declarar el fin de las bombas y los asesinatos sin hablar con claridad del desmonte de las estructuras militares. Y en el mundo, porque después de la euforia por la caída del dictador libio, puede venir la destorcida a lo Irak: leales a Gadafi alzados en armas, sangrientas luchas por el poder  por parte de las distintas tribus,   y una tortuosa transición hacia algo parecido a una democracia.

Twitter: @sergiootalora

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