Toma y dame con universidades públicas

Toma más recursos, dame más eficiencia. Toma equidad, dame gobernabilidad. 

Las universidades públicas están ganando la batalla que no es: la de pedir más recursos sin contraprestación. Han logrado que nadie se pregunte si son las únicas instituciones estatales que no necesitan reformas. Si está bien que pidan $18,2 billones para administrarlos igual. Son los buenos y el Gobierno es el malo. 

Que la batalla grande y necesaria es un “toma y dame” se los sugerí en una reunión con el Sistema Universitario Estatal (SUE) en el empalme de educación con el gobierno Santos. El propósito de la reunión, liderada por los rectores de la Nacional, Univalle y Unicórdoba, fue escuchar y tantear cómo el gobierno Duque podría tener la iniciativa en educación superior. 

La fórmula era dividir la discusión en dos momentos: i) un acuerdo de corto plazo y ii) un acuerdo de largo plazo. En el primero, el Gobierno se anticipaba al reclamo presupuestal más justo y urgente a cambio de cooperación para aumentar la cobertura a los estratos 1 y 2. 

Básicamente, era reconocer que Santos les había hecho “conejo” con el IVA social y el impuesto sobre la renta (antiguo CREE) para ayudarse con la financiación de Ser Pilo Paga, “devolverles” ese medio billón de pesos, evitarse esta batalla ante la opinión pública y poner la discusión de la educación superior en otros términos. 

Los nuevos términos eran el compromiso de llegar a un acuerdo de largo plazo, estructural, con las reformas de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1279 de 2002 (régimen salarial de los docentes). No solamente cambiar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para aumentar la financiación, sino una actualización integral del marco legal de la educación superior.

Más financiación a cambio de reformas pro-eficiencia. El subsector sabe que son pocas las universidades públicas que no tienen serios problemas de administración y gestión. Raya en lo inmoral seguir sosteniendo ciertas convenciones colectivas. Se reconoce que los puntos salariales por publicaciones deben ajustarse a un tope, por ejemplo. El ethos universitario se ha corrompido en muchas.   

Desde el punto de vista global, hay que sincerarse: el sistema de educación superior estatal va más allá de las 32 universidades, que solo abogan por ellas. Están las instituciones técnicas y tecnológicas profesionales públicas, 29 agremiadas en la Red TTU, que son tratadas con inequidad presupuestal.  

No tenemos “sistema”, ni “subsistema”, y la sociedad necesita financiar un sistema de educación superior que responda a principios y propósitos cardinales. Esta es la batalla, la negociación grande que un proyecto político serio tiene que adelantar. Administrar el statu quo no tiene gracia y nos condena al desarrollo lento. 

Hay que hacer menos redistribución en la educación superior y más en primera infancia y educación básica y media. Con el actual esquema nunca se podrá financiar educación superior pública de calidad que sirva a la equidad, a la movilidad social y a la productividad. Necesitamos cambiar el concepto de “deuda” (con Icetex) por los de “contribución” y “gratuidad con solidaridad”, pero para eso hay que promover una nueva comprensión del contrato social. 

Y la única manera de que los estudiantes no bloqueen esta reforma grande es negociar un sistema de bienestar universitario para la equidad social, que sea sostenible financieramente, para lo cual también tendrían que tragarse un par de sapos en aras de algo más importante que los prejuicios ideológicos. 

La ley puede modificar el marco de gobernanza de las universidades públicas, en armonía con el artículo 69 constitucional sobre autonomía universitaria, un asunto neurálgico para que las unidades del sistema, las instituciones, no se aparten del mejor servicio del sistema a los objetivos de la sociedad. 

Las instituciones técnicas y tecnológicas piden más presupuesto y autonomía. Les sugerí amablemente en reunión de la Red TTU que más recursos como parte de un sistema son viables y que la autonomía debería ser gradual, a diferencia de un proyecto de ley que han avanzado en el Congreso de la República.  

Así que la movilización universitaria de este 10 de octubre tiene sus motivos, pero podría tener otros más trascendentales. 

@DanielMeraV