Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Tragedia que no cesa

Los falsos positivos siguen siendo un drama tanto para las familias de las víctimas que con razón reclaman verdad, justicia y reparación, como para las fuerzas militares y el gobierno, que se vieron desarticulados a la hora de poner la cara.

El informe estremecedor sobre “El rol de los altos mandos en falsos positivos” de Human Rights Watch (HRW), reveló informaciones de gravedad suprema que hacen parte de expedientes de la Fiscalía. Ahora se habla de generales activos que deberán rendir declaraciones sobre estos hechos, y se ve más claro que estos crímenes macabros no fueron hechos aislados sino una política sistemática de exterminio. No de otra forma se explica que el ministro de Defensa de la seguridad democrática, Camilo Ospina, hubiese expedido la resolución que sirvió de base para que se montara esa tenebrosa operación de ejecuciones extrajudiciales.

Las declaraciones conocidas del presidente y del nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, denotan desconcierto y dificultad para enfrentar el problema. En primer término, Santos, seguramente sin haber leído el informe de HRW, descalificó a la ONG y no sólo pidió que no manchen a las fuerzas militares, sino que se rasgó las vestiduras por la legitimidad de las fuerzas armadas que como institución no estaban siendo cuestionadas. Lo curioso de su declaración fue el reto de querer defender la “legitimidad de las fuerzas armadas hasta la tumba”, claro que no dijo la de quién, si la propia, o las fosas de los muchos desaparecidos.

Y el novel ministro de defensa, a quien hay que desearle que tenga éxitos en su gestión, se le oyeron declaraciones confusas que tendrá que afinar con el tiempo. En efecto, primero Villegas soltó la equívoca frase de “algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia les deberán a la justicia, pero Colombia les debe más a las Fuerzas Militares”. La indiscutible gratitud nacional con militares jamás puede conceder licencia para nada que esté por fuera de la ley, mucho menos para que ejecuten a civiles inocentes. Villegas descalificó a HRW con el argumento de que Colombia hace 5 años no es acusada de violaciones de derechos humanos, como si eso purgara todo lo que todavía está por investigarse y sancionarse de los falsos positivos, que es en últimas lo que está pidiendo la ONG norteamericana, nada más ni nada menos. En los días tempestuosos que le esperan al mindefensa ojalá no esté tan despistado para ofrecer explicaciones a la opinión pública.

Y el inefable procurador, quien tampoco había leído el informe, otra vez dio señales de la concepción fascista con la que se aproxima a los informes de una ONG respetable y acatada como lo es HRW. Según Ordóñez, se trata de informaciones “envenenadas y sesgadas” lo que en su caso es por lo menos una imprudencia, porque es a él a quien le tocará juzgar disciplinariamente a los oficiales que sean llamados a responder por estos hechos. Pero la Procuraduría no tiene norte, unas veces está al servicio de la causa de sus amigotes y copartidarios, como en el caso del magistrado Pretelt o como cuando favoreció al corrupto y diletante de Angelino Garzón después de hospedarse en su casa de Ginebra (Suiza) al mismo tiempo que lo investigaba disciplinariamente, otras persiguiendo a sus críticos o haciendo política partidista.

Se equivoca el Gobierno si cree que con tan precarias declaraciones de sus más encumbradas autoridades doblará la página de este nuevo informe de HRW. El asunto no es solo que este documento ya esté en poder del Departamento de Estado americano, lo que tendrá consecuencias adversas. Mientras aquí unos insensatos ignoran el informe, la prensa mundial da cuenta de cómo en otras latitudes están leyendo este documento que debería ser abordado desapasionadamente por todos los colombianos.

Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación tiene la palabra.

Adenda. El acertado nombramiento de la jurista María Clara Galvis en el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, es un honor para Colombia. Por fin designan a alguien realmente experto en derechos humanos y en derecho internacional humanitario.

 

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