Si una de las funciones esenciales del Estado está fincada en promover el trabajo de las personas, cualquier política económica debería ser juzgada a la luz de sus resultados en la cantidad y calidad del empleo que genera. El sector minero-energético de Colombia, con toda su pompa, antes de la pandemia generaba el 1 % de la ocupación total del país. Sería sensato pensar que semejante fracaso motivaría a la tecnocracia colombiana a cambiar de rumbo, pero no es así: hace dos semanas se establecieron los diez hitos de la minería para la “reactivación sostenible”, que consiste en la misma política anterior, con los mismos recursos, pero con diferentes publicistas que añadieron el tema de transición energética.
La minería colombiana, en un siglo, fue incapaz de generar encadenamientos significativos con otras actividades económicas. Un reciente estudio de Cedetrabajo demuestra que la capacidad del sector de crear dinámicas de crecimiento en otros es poco importante o nula, lo que significa que es una actividad “poco conectada con el resto de la economía”. La minería, en promedio, solo genera encadenamientos con otros sectores del país del 31,4 % hacia adelante y del 29 % hacia atrás, porque el producto se exporta crudo y la maquinaria y herramienta para extraerlo son importadas. En comparación, en promedio, los encadenamientos hacia atrás de las manufacturas son del 46,4 % y hacia adelante del 38,6 %.
Puesto en lenguaje sencillo, significa que transformar el petróleo crea más riqueza que ponerlo en un buque y exportarlo crudo; obvio. Los cálculos señalan que, si se hiciera esta transformación, se generaría un beneficio neto de aproximadamente 139 % más alto que el proceso primario de extracción.
La transición energética que debe seguir el país implica una inversión sustancial de recursos que necesitan ser financiados en buena parte con presupuesto público, como lo recomendó la Misión de Sabios. El plan, entonces, debería tener la transformación productiva como eje central. De lo contrario, Colombia estaría sometida a los intereses y la tecnología de otras naciones, como la planta de regasificación del Pacífico, que se proyecta construir para importar gas extraído con fracking de Luisiana.
La astucia de restarle valor a las acciones de Ecopetrol o privatizar otra parte de esta empresa para comprar ISA no es ningún plan de transición energética, ni tampoco lo es la vinculación de Ecopetrol a este importante tema, pues ISA seguirá haciendo lo mismo y Ecopetrol también, pero con menos recursos para invertir en lo que debería hacer: liderar técnica y financieramente las inversiones de una verdadera transición.