El trato indigno a los profesionales de la salud

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Cuando la descalificación del ejercicio médico proviene de las entidades del gobierno, es un indicio que este país dejó de ser, a raíz de la pandemia, un Estado Social de Derecho, para convertirse en una dictadura de facto, que viola los mínimos derechos fundamentales de los ciudadanos.

El titular de la cartera y el superintendente del ramo anunciaron que los médicos mantenían en las UCI a pacientes que no las requerían, o que prolongaban su estadía en dicha unidades, solo para generar ingresos adicionales. Inmediatamente el presidente del Colegio Médico Colombiano, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la Asociación Colombiana de Cirugía y La Federación Médica Colombiana exigieron a los funcionanrios denunciantes los nombres de las instituciones y de los profesionales involucrados en el supuesto delito, o la rectificación de sus afirmaciones.

El secretario de Salud de Bogotá, con entereza, desvirtuó al ministro y al superintendente, al declarar que la auditoría a las UCI en la ciudad capital (la de mayor número de pacientes contagiados y fallecidos) demostró la invalidez de tales denuncias. No obstante, el daño ya está hecho contra la autonomía médica, contra la honra de las instituciones hospitalarias y de los profesionales de la salud, con el consecuente desprestigio ante la sociedad.

Después de las temerarias declaraciones de los mencionados funcionarios del sector salud, ocurrieron las amenazas al doctor José Buelvas Díaz, de Soledad, Atlántico. Son un acto de barbarie que debe avergonzar a la sociedad colombiana. Igual habría que calificar cualquier episodio de discriminación contra los profesionales de la salud, que literalmente entregan su vida para salvar la de sus conciudadanos.

¿De qué ha servido el repetido estribillo diario de agradecimiento a “nuestros médicos, a nuestras enfermeras y enfermeros, etc…etc..” si simultáneamente vulneran su dignidad profesional, y se incumplen las promesas de la dotación adecuada para la atención de los pacientes contaminados, o de las primas ofrecidas en reconocimiento al esfuerzo médico en esta emergencia? Fue la misma guasa inicial de “proteger a nuestros abuelitos”, mientras se les violan los derechos fundamentales a los adultos mayores.

El 12 de mayo el Ministerio de Salud emitió el documento “Lineamiento de bioseguridad para la prestación de servicios relacionados con la atención de salud bucal durante el perído de la pandemia por Sars-Cov-2 (Covid-19). En el capítulo 1, numeral 1.1., se incluyó: “El aislamiento obligatorio preventivo en casa, del personal y talento humano en salud que laboren en los servicios relacionados con la atención de la salud bucal, mayores de 60 años, mujeres gestantes, o que presenten condiciones de salud de riesgo como enfermedades crónicas, enfermedades huérfanas o autoinmunes o que presenten enfermedad respiratoria diferente a COVID-19 (gripa). Puede delegarse en ellos las actividades de contacto virtual o telefónico con usuarios, previa la debida capacitación específica para los fines requeridos”.

Lo enunciado implica que, para el Ministerio de Salud, profesionales de las más altas calidades académicas y clínicas, especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional, profesores universitarios, investigadores, autores de publicaciones en la literatura científica universal, a cambio de no ejercer su profesión, por el atrevimiento de ser adultos mayores, vivos y sanos, “pueden dedicarse a las actividades de contacto virtual o telefónico”. Este es otro delito tipificado como acoso laboral. Silvana Guiachero, en su libro Bullying & Mobbing: haciendo visible lo invisible (Penguin Random House, Grupo Editorial Uruguay, 2017), describe exactamente esa figura del depredador laboral, consistente en asignar tareas muy inferiores a la capacidad y competencias profesionales de la víctima acosada, en este caso los profesionales de la salud.

Este acoso incide directamente en la afectación de la salud psíquica de los despojados de su ejercicio profesional, único soporte para el sostenimiento de sus familias. El Ministerio de Salud navega en las aguas turbias de la inhumanidad, en los tiempos de la pandemia. Ha perdido toda autoridad ante los profesionales de la salud, por los repetidos incidentes contra la dignidad de la medicina y la odontología colombianas. Futuro de incertidumbre para el Estado Social de Derecho.

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