Preguntas en torno a un programa de gobierno alternativo de transición, desde una confluencia ciudadana y social.
El actual régimen de gobierno, legislativo y judicial tan agónico como anacrónico, está anegando en sangre algunas ciudades con una nueva oleada de violencia que se suma a la macabra campaña electoral preventiva que, por acción u omisión, se ha centrado en la muerte de los líderes sociales y de los excombatientes reinsertados, y el cuentagotas de la gestión del acuerdo de paz. Además ha dado una especie de golpe de Estado de hecho en las ciudades donde la situación es critica en cuanto al hambre y el desempleo, y más profunda la protesta social. Todo ello inspirado en la lógica del padre que hace tragar su vómito al hijo que define sus preferencias en el gusto, y castiga con atrocidad a todo un país que clama por un cambio en la forma de gobernar y de afrontar los problemas nacionales.
Dentro de su incapacidad de gobernar (los cuatro ministerios que Álvaro Uribe se reservó para su propia definición en el gobierno de su partido: Gobierno, Defensa, Relaciones internacionales y Hacienda son los del fracaso, en una larga lista de decisiones erráticas en cada campo, más el de salud frente a la pandemia), ha empezado a optar por un plan B basado en lo que han sabido ejercer: la violencia, la lógica del látigo y del castigo, la forzada reinvención de la guerra fría en tiempos de globalización, hasta el punto de haberse vuelto para el grueso de la ciudadanía, más peligroso que el mismo virus.
Como en un espejo macabro, sus ya tradicionales gritos paranoicos de “ahí viene el lobo del ‘castrochavismo’”, ante la actual debilidad política y el fracaso de su propio gobierno, nos están llevando a una delirante espiral de violencia, extremando la indignación y la rabia de la juventud y de los pobladores populares urbanos, y el desconcierto y el miedo de los sectores medios de la población, para intentar la continuidad de su proyecto totalitario. Y de un modo paradójico, Uribe le está impidiendo a Iván Duque, su empleado en el gobierno, evolucionar con su mínima concesión de retirar el proyecto de reforma tributaria. ¡Qué desolada y reveladora la imagen la de un presidente apenas acompañado por un jefe militar, sin sus ministros de gobierno ni defensa, sin los alcaldes de las ciudades respectivas, anunciando que renuncia a su condición de jefe de estado, y pone en manos de las fuerzas armadas la respuesta a la protesta social! Y, en plena locura paranoica, Uribe sigue dando por twitter señales para revolver más el río. ¡Qué estupidez la de ese jefe militar, que hace apenas un año expresó su duelo por la muerte del jefe de sicarios de Pablo Escobar, cuando en su discurso de posesión de sus tareas frente a la protesta ciudadana en Cali, dijo que va a restablecer la cadena productiva porque tiene tanques y helicópteros de guerra!
Mi percepción es que el uribismo, similar a la demencia de los días finales del gobierno de Trump, está cavando atrozmente la tumba de su periplo histórico de décadas, y en ello la opinión internacional empieza a mostrar conciencia de su violenta agonía. Pero en su locura está arrasando con la salud al forzar la continuidad de las formas masivas de protesta, causando más muertes, dolor y resentimiento, y ahondando una crisis de legitimidad con la que de algún modo quiere arrastrar a todos los actores políticos. “Ni pa’Dios ni pa’l diablo”, parecen ser sus designios.
En ese contexto, hago algunas preguntas urgentes. La primera se refiere a la postura de los gremios, los empresarios y los partidos políticos que han dado señales así sea incipientes de deslinde respecto de aquel régimen autoritario: ¿Cuáles son sus límites con estas lógicas demenciales, que incluso respecto de sus propios intereses están jugando con la candela de la “estabilidad de la inversión y la credibilidad internacional del Estado social de derecho”?
La segunda, a las fuerzas de la oposición, que con razón convocan a la continuidad de la protesta masiva y pacífica: ¿Cuál y cuándo el apoyo así sea crítico, pero apoyo a los mandatarios locales y de las grandes ciudades que explícitamente no se quieren alinear con esas lógicas?
Y la tercera, a todos, ¿cuándo la declaratoria de un estado de emergencia social y político que lleve a la confluencia de las fuerzas de oposición con un programa civil frente a la crisis, que se constituya en una plataforma de alternativa ante un gobierno que no dio más, ni siquiera para simular que gobierna, y de señales hacia un gobierno posible de transición que afronte de otro modo las crisis conjugadas de legitimidad y de representación en un régimen político devastado por la guerra sucia que ahora quiere reinventarse?
* Sociólogo y editor