Tres temas para el próximo gobierno

Juan Carlos Gómez
12 de marzo de 2018 - 02:00 a. m.

Respecto de muchos asuntos relevantes, como el futuro del sector de telecomunicaciones, poco se conoce de lo que opinan los candidatos presidenciales. En 1990, Colombia dio paso a la competencia y a la privatización, lo cual permitió ampliar la cobertura y calidad de las redes y servicios de telecomunicaciones. Después de casi tres décadas, es necesario diseñar una nueva ruta; ya estamos conectados al mundo; ahora, además de aprovecharlo, hay que enfrentar las consecuencias.

Para empezar, hay que superar el lugar común de que es necesario adecuar el marco normativo e institucional del sector de telecomunicaciones. La agenda debe ser puntual y concreta.

Por ejemplo, es indispensable definir cómo reaccionar frente al poder de gigantes como Amazon, Apple, Facebook y Google. Su impacto social, cultural, político y económico, es un asunto que apenas se empieza a dimensionar en nuestra parroquia. Aunque seamos un país periférico, tenemos que reaccionar a tiempo a lo que sucede en el mundo. El caso de Uber –aún sin resolver de fondo– hizo evidente la incapacidad de responder frente a las nuevas realidades.

Además, es necesario revaluar el modelo Robin Hood consistente en recaudar de los operadores de telecomunicaciones las máximas rentas posibles para transferir subsidios y recursos de fomento. Aunque eso ha generado beneficios sociales, también ha propiciado la dilución y desperdicio de dinero público e impactado negativamente las tarifas que pagan los usuarios.

El diseño de una nueva ruta tendrá que pasar por el Congreso de la República; ojalá el nuevo gobierno promueva un marco normativo sin que la causa termine capturada por intereses particulares.

A propósito, hay recordar que, por cuenta de un laudo arbitral de julio del año pasado sobre la reversión a cargo de Telefónica y Claro, el Estado colombiano enfrenta dos demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi). Los dos operadores buscan dejar sin efecto esa decisión que los obligó a pagar 4,7 billones de pesos, los cuales ya entraron al patrimonio público, pero deberían devolverse si se falla en contra de Colombia. Cualquiera sea el sentido de la decisión, tendrá un impacto decisivo en el futuro del sector.

@jcgomez_j

 

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