Por: Miguel Gómez Martínez

Triste aniversario

HA SIDO UNA SEMANA LLENA DE nostalgia. La conmemoración de los veinte años del asesinato de Luis Carlos Galán nos recordó ese horrible pasado reciente donde los carteles del narcotráfico estuvieron cerca de conquistar el poder. Pero lo más terrible es constatar que, en muchos aspectos, hemos empeorado y que la justicia sigue sin estar a la altura de los desafíos de nuestro país.

Los carteles de la droga mutaron en organismos paramilitares que con gran eficiencia conquistaron una fracción significativa de la clase política. Los dineros ilegales siguieron financiando las campañas políticas, infiltrando los organismos de seguridad como el DAS y amedrentando la justicia. La corrupción aumenta y los entes fiscalizadores son incapaces de restablecer la transparencia en la administración pública. El Congreso es cada día más voraz en su apetito burocrático y la calidad —ética y académica— de sus integrantes da tristeza. Hace veinte años todos estos problemas ya se presentaban, pero creíamos que con la muerte de Galán estábamos tocando fondo. ¡Qué triste error! El abismo era mucho más profundo de lo que entonces pensábamos.

Veinte años más tarde, con un increíble cinismo, la Fiscalía General utiliza un argumento jurídico endeble y rebuscado para evitar que el crimen de Galán quede impune. Durante veinte años, por acción y por omisión, los fiscales fracasaron estruendosamente en aclarar quiénes fueron o son los culpables de este hecho. Capturan al general Maza invocando argumentos que fueron señalados el mismo día que Galán fue asesinado. No hay nada nuevo. Se sabía que Pablo Escobar quería matar a Galán, que estaba mal protegido, que una parte del Partido Liberal lo odiaba, que el DAS estaba infiltrado por los carteles. Todo eso se sabía y la Fiscalía, durante veinte años, no fue capaz de aportar las pruebas. Por el contrario hay serias sospechas de que desviaron y durmieron la investigación para lograr la prescripción.

Después vino la otra infiltración del Estado por el Cartel de Cali, en la que los dineros de la mafia financiaron la campaña de Samper, como quedó claramente demostrado. Samper se rasga nuevamente las vestiduras para invocar una inocencia que sólo Heyne Mogollón y él validan. Y después del 8.000 vinieron los paramilitares, primero remplazando al Estado en su función constitucional de proteger al ciudadano y luego como aliados del narcotráfico. Y la Fiscalía siempre estuvo por debajo del reto que se le imponía. Carteles y paramilitares terminaron extraditados, pues de lo contrario ya estarían libres y absueltos por nuestra inoperante justicia.

A pesar de los esfuerzos valientes del actual Procurador General, ojalá en seis años no estemos en el mismo escenario cuando se cumplan los veinte años de la muerte de Álvaro Gómez. En el caso de Álvaro Gómez la Fiscalía repite los mismos comportamientos que han permitido la impunidad en el asesinato de Galán. La muerte de Galán no fue el final de la triste noche. Fue sólo un capítulo más de la crisis nacional.

Si la Fiscalía no puede con los magnicidios, ¿qué pueden esperar las miles de familias colombianas que han sido víctimas de la violencia?

 

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