Por: Patricia Lara Salive

Triste récord

“Duque no acepta críticas. Todo su círculo lo aplaude. Incluso Uribe tenía gente a su alrededor que le hablaba con franqueza. Pero Duque no”, dijo una fuente cercana a la Casa de Nariño.

Ello explica su aislamiento y su salida desproporcionada ante las verdades que sobre el deterioro de los derechos humanos en el país esbozó Alberto Brunori, representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet.

Son verdades que Duque, al igual que lo hizo Maduro cuando Bachelet emitió su informe sobre el lamentable estado de los derechos humanos en Venezuela, se niega a ver y a oír. Pero, en cambio, sí las vio y oyó cuando se referían al deterioro de esos derechos en Venezuela y las utilizó para criticar las actitudes dictatoriales de Maduro.

Miremos los principales comentarios que sobre lo ocurrido en 2019 consignó el informe de la Acnudh: persistieron “altos niveles de violencia que generaron graves violaciones de derechos humanos”; en 2019 hubo “36 masacres que implicaron la muerte de 136 personas, la cifra más alta registrada” desde 2014; el Eln “continuó incurriendo en infracciones al derecho internacional humanitario”; grupos criminales como las “Autodefensas Gaitanistas (…) emplearon extrema violencia en las disputas por el control de economías ilícitas”; “los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado (…) incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la Policía, fueron insuficientes, en particular en zonas rurales”; en 2019 hubo protestas, y la Acnudh “notó con preocupación que, en algunos casos, la Policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia”; en 2019 documentaron “108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos”; “los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50 % en 2019”; “subsistieron retos para la judicialización de los autores intelectuales de las agresiones” contra defensores de derechos humanos”; “la falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia”; se documentaron casos de “presuntas privaciones arbitrarias de la vida cometidas por miembros del Ejército y la Policía”; en virtud de estándares internacionales, “la jurisdicción penal militar no debería investigar, juzgar y sancionar a los responsables de presuntas violaciones a los derechos humanos”; “según datos de la Policía”, en varios municipios “se incrementó el número de homicidios, a pesar del aumento de la presencia militar”; se documentaron “15 casos de privaciones arbitrarias de la vida” y “en 13 casos se observó que las muertes habían sido causadas por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza”; se documentaron “casos de presunta tortura y malos tratos cometidos por la Policía”, etc.

Duque descalificó el informe con el argumento de que no se reconocieron los avances del país (lo cual es falso) y que se entrometieron en los asuntos internos de Colombia al recomendar que “se transfiera la supervisión de la Policía al Ministerio del Interior”, como ocurre en tantos países.

Pero el Gobierno no puede tapar el sol con las manos: es factible que haya discrepancias en alguna cifra, pero la mayoría de las afirmaciones son ciertas. Y lo que Duque tampoco puede desconocer es que Colombia es el país de América Latina donde asesinan más defensores, y especialmente defensoras, de derechos humanos.

Triste récord…

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2020-03-06T00:00:12-05:00

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