Por: Álvaro Camacho Guizado

Trujillo: una tragedia que no cesa

CUANDO LA COMISIÓN DE MEMORIA Histórica de la CNRR elaboró su informe sobre la llamada masacre de Trujillo, denunció que la tragedia de ese municipio había sido algo más que esa masacre: se trató de una serie de abusos y asesinatos que se prolongaron por varios años.

Pues bien, hoy es posible reiterar que la tragedia de Trujillo no cesa. Varios hechos así lo confirman: en la ceremonia de lanzamiento del informe el vicepresidente Santos, luego de manifestar su horror y repudio por lo ocurrido, se comprometió a activar lo prometido por el presidente Samper cuando, al recibir el informe de la comisión especial designada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que “Acepto, como Presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo, sucedidos entre los años 1988 y 1991 ...” y ordenó la elaboración de un plan especial de reparación para las víctimas, sus familiares y el municipio.

Y el Procurador General de la Nación, al aceptar las recomendaciones, las convirtió en directivas a las instituciones del Estado responsables de la aplicación de la justicia y reparación. Una directiva, por ejemplo, era dirigida al presidente Uribe para que no extraditara al narcotraficante Diego Mejía, acusado de ser un de los directos responsables de la violencia en el municipio y la región, para que pudiera ser juzgado en el país. Uribe, sin embargo, prefirió complacer a la justicia de Estados Unidos y lo extraditó, dejando las acciones criminales de Don Diego en la impunidad. El presidente demostró una vez más que le parece más grave exportar cocaína que asesinar compatriotas.

Otra directiva del Procurador pidió que los expedientes asociados a los hechos fueran consolidados en uno solo, para aclarar la situación y facilitar el juicio a los responsables. Y pidió también que los casos fueran trasladados a Bogotá, donde, en principio, los jueces no estarían sometidos a las amenazas o comprados por los interesados.

Otra más se refirió a la reparación, sobre la que pidió más cumplimiento de los compromisos estatales producto de las promesas de Samper.

El Fiscal General viajó de inmediato a Trujillo y con gran diligencia libró una serie de órdenes de captura contra responsables de la matanza. Con este gesto comprobó que se conocían algunos de los culpables, cuyos expedientes dormían el sueño y los acusados disfrutaban de la impunidad como lo venía denunciado sistemáticamente Afavit, la Asociación de Víctimas de Trujillo. Después de todo lo anterior ¿qué tenemos hoy? La reparación está a media marcha, los expedientes no se han consolidado ni trasladado a Bogotá, y se han producido muy pocas capturas. Y en estos días un juez de Tuluá ha redondeado la burla a la justicia, la reparación y la reconciliación al dictar una sentencia por la cual ordena la libertad del entonces mayor del Ejército Alirio Urueña, acusado por un testigo presencial de haber realizado la matanza, y del capitán de la Policía Fernando Berrío, su cómplice. Y les exige una fianza de tres salarios mínimos. O sea que por un millón y medio de pesos quedan en libertad.

Hoy día, pues, no hay duda de que la tragedia de Trujillo no cesa.

 

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