Por: Daniel García-Peña

Tumaco

El jueves pasado fueron masacrados unos campesinos en la vereda de Tandil en Tumaco, Nariño. Al día siguiente, las autoridades confirmaron el saldo de seis muertos y 19 heridos, aunque versiones locales hablan de hasta 15 fallecidos. La comunidad de inmediato señaló como responsable a la fuerza pública y ésta inicialmente culpó a un grupo armado ilegal.

El domingo, la Defensoría del Pueblo solicitó una investigación especial ante la presunta responsabilidad de la Policía Antinarcóticos en el homicidio múltiple. Ese mismo día, una misión encabezada por la ONU y la OEA fue hostigada con tiros al aire y gases lacrimógenos por parte de la Policía cuando intentaba acercarse al lugar de los sucesos.

Lo que es irrefutable es que los campesinos asesinados estaban protestando en contra de la erradicación forzada, que no son los primeros en morir por este motivo y que tristemente no serán las últimas víctimas de las contradicciones del Estado frente a los cultivos de coca.

Este gobierno, como los anteriores, oscila entre la erradicación forzada y la sustitución voluntaria, argumentando que son complementarias. Pero son políticas opuestas, que reflejan de manera patente la contradicción que existe entre dos visiones muy distintas: la del Estado gendarme y la del Estado social de derecho del que habla nuestra constitución. Contradicción que además, en la coyuntura actual, enfrenta la sustitución voluntaria que el Estado pactó en La Habana con las Farc contra la erradicación forzada que demanda el gobierno de Trump.

Con la desmovilización y dejación de armas, ya no pueden seguir echándole la culpa de toda la problemática a las Farc. El Estado colombiano nunca había hecho presencia en la región, como lo reconoce el propio Santos, quien anuncia que ahora sí se va a lograr.

Primer error: pensar que el Estado es exclusivamente la fuerza pública. Segundo error, pensar que el Estado es solo el gobierno central, desconociendo la existencia de las autoridades locales. Y el más grave error de todos: pensar el Estado por fuera de las comunidades, por encima de ellas, vistas como objetos de las acciones estatales, si acaso como clientelas, y no como parte consustancial del propio Estado, según la concepción de soberanía popular.

Los acuerdos de La Habana, de implementarse, ofrecerían una oportunidad para articular la sustitución de cultivos de uso ilícito con la reforma rural integral. Pero como nos lo advierte con mucha lucidez Luis Jorge Garay, estos conceptos ya se quedan cortos frente a los nuevos desafíos del cambio climático y el modelo minero-energético, que nos obligan, hoy y hacia el futuro, pensar más bien en términos de desarrollo socioecológico y gobernanza democrática en los territorios.

En ninguna parte de Colombia es eso más válido que en la región del Pacífico. Sinónimo de pobreza y atraso desde la miopía centralista y racista de las élites en el poder, sólo la mencionan en los discursos hacia fuera (Alianza del Pacífico) o cuando preguntan por ella los congresistas negros de EE. UU. En realidad se trata de una zona con inmensa riqueza, inagotable biodiversidad y un tesoro de multiculturalidad, que constituye un gran potencial estratégico, aún inimaginable para el país.

En su alocución, el presidente Santos afirmó que “nuestra fuerza pública no dispara contra civiles”, lo cual debería ser cierto, pero que desafortunadamente no lo ha sido en el pasado y parece que ahora tampoco. También dijo que se iba a investigar y esclarecer lo que realmente pasó en Tumaco. Ojalá así sea.

Pero independiente de las investigaciones exhaustivas, los discursos y las denuncias, siguen matando a gente pobre por la sola razón de exigir sus derechos y buscar una vida digna para sus familias y se amedranta a quienes las acompañan.

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Increíble el espectáculo de U2 en El Campín. Noche extraordinaria de rock. Lo más poderoso fue su mensaje reiterativo a favor de la paz. El grupo irlandés, como el papa, lo tiene claro.

danielgarciapena@hotmail.com

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