Por: Mauricio Botero Caicedo

"Turba cobarde": un pleonasmo

La turba, por definición, es cobarde. Es cobarde porque se escuda, no en el valor individual de sus integrantes, sino en el número y en el anonimato de quienes la componen: "Cuando todos agreden, ninguno agrede".

Entre más numerosa la turba —y menor la posibilidad de identificar a los participantes— mayor la cobardía. (Hay que ver la “temeridad” de los encapuchados en comparación con los que mantienen la cara descubierta). Estando la cobardía incrustada en el código genético de la turba, “turba cobarde” es un pleonasmo.

Habiendo visto las filmaciones de algunas, repito, algunas etnias indígenas en el Cauca atacando con sevicia a los miembros de la Fuerza Pública, no hay colombiano que vacile en calificar a estos indígenas como turba despreciable que utiliza —sin vergüenza alguna— mujeres y niños como escudos. Pocos albergan duda de que esta turba es manipulada tanto por los narcoterroristas de las Farc, como por los narcotraficantes, e ingenuo es el que con candidez crea que el eje del conflicto en el norte del departamento del Cauca no es la coca. Lucy Nieto de Samper, en una excelente columna en El Tiempo (julio 14/12), afirma: “Porque, alegando defender su propia seguridad, los indígenas les están haciendo el juego a las Farc. Con dinero a rodos, pues allá el narcotráfico funciona, ¿no será que los subversivos han corrompido a los indígenas? ‘Por la plata baila el oso’, dice el refrán”.

Dentro de esta oscura página en nuestra historia, salen a la luz varios interrogantes:

- ¿Tiene o no tiene el Estado la obligación constitucional de hacer presencia en la totalidad del territorio nacional? Si la tiene, entonces los colombianos tenemos que rodear al presidente Santos en su promesa de no despejar un solo centímetro de la patria. Y consecuente con esa decisión es el desalojo forzoso del cerro de Toribío por parte del Escuadrón Antidisturbios de la Policía y del Ejército. Y si algunos indígenas pretenden volver al cerro, el Estado, por las buenas o por las malas, tiene la indeclinable obligación de sacarlos.

Ni unos pocos indígenas, ni ciudadano alguno, pueden pretender desconocer el ordenamiento jurídico de la Nación. Como bien reza un reciente editorial del diario El País (julio 17/12): “Existe por encima de todo la obligación de las autoridades y de toda la Nación de destruir el entramado de delincuencia que las Farc han construido en el norte del Cauca. Tampoco existe en la Constitución la autorización para crear un territorio independiente y autónomo para las comunidades indígenas. Si bien las leyes han reconocido un régimen que respete las etnias, lejos está de autorizar excepciones que incluyen el desconocimiento de la Fuerza Pública como defensora de la Nación”.

- ¿Qué hacen individuos extranjeros, concretamente el ciudadano español Baltasar Garzón y su vástago, en el Cauca? ¿Con qué tipo de visa se encuentran en el país? En esta columna ya se le había advertido al Gobierno el error garrafal que estaba cometiendo al involucrar en asuntos que le conciernen exclusivamente a los colombianos a un exjuez español, expulsado de la carrera judicial y condenado por las cortes de su país. Garzón, al igual que muchos de nuestros letrados de “corbatas satinadas y maletines”, practica casi exclusivamente la “justicia mediática”.

La historia, que muy pocos repasan, trae interesantes lecciones: por contradictoria que suene, una de ellas es que cada vez que el Estado —en busca de la paz— cede terreno, la paz, en vez de acercarse, se aleja. Y hasta donde este columnista tenga conocimiento nadie ha salido a refutar el informe del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda que revela que las Farc ya retornaron a 50 municipios de los que habían sido expulsadas. ¿Se estará desmoronando la seguridad democrática?

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Mauricio Botero Caicedo

Superando la trampa de la pobreza

¿Qué sigue al bla, bla?

Los nuevos “intocables”

El que primero termine en el suelo

Soltando una ráfaga devastadora de golpes