Por: Alberto López de Mesa

Turbio plan de renovación

Los habitantes de los barrios El Greco y La Esmeralda advierten alarmados que el Plan de Renovación Urbana para el Centro Administrativo Nacional, no se circunscribe a los predios del ya caduco CAN, pues lo que se proyecta es un complejo de oficinas oficiales y zonas residenciales y comerciales cuyos alcances afectarán los barrios aledaños, el humedal al costado norte de la calle 53, terrenos y edificios de la Universidad Nacional, para lo cual, la ley da licencia al Distrito para exigirle a los actuales propietarios la enajenación voluntaria o para decretar la expropiación por vía judicial o administrativa del inmueble.

Representantes de la comunidad y de algunas de las entidades del sector, denuncian que dicho Plan de Renovación Urbana fue concebido para favorecer los intereses de empresas constructoras, que hubo irregularidades en la socialización y manipulación de la participación comunitaria.

En realidad, siempre ha sido turbia la manera en que los gobiernos nacionales y distritales han resuelto el desarrollo en esta zona de la ciudad. La historia de esta corruptela empieza cuando el terrateniente José Joaquín Vargas, en un impulso de filantropía, en su testamento, dona al Hospital San Juan de Dios, al Asilo San José para niños desamparados y al Asilo de indigentes de Bogotá, su hacienda el Salitre que iba desde la carrera 30 hasta la avenida Boyacá y de la calle 22 hasta la calle 68. Para hacer cumplir la orden testamentaria se encargó a la Beneficencia de Cundinamarca que, mañosamente, asumió el encargo como si las fanegadas fueran suyas. Así vendió a la Nación y al mismo Distrito los lotes para la Universidad Nacional, para los Parques Salitre y Simón Bolívar, para urbanizaciones del antiguo Instituto de Crédito Territorial, para Corferias, para el Can, para la Embajada Norteamericana y también para privados como el colegio Cafam y el periódico El Tiempo, entre otro muchos. Entre tanto, los hospitales y los hospicios, legítimos herederos de los terrenos, se extinguieron, o sea que los dineros que manejó la Beneficencia nunca les llegaron.

Vale decir que al lado de los planes de desarrollo en el sector se han favorecido los urbanizadores privados, por ejemplo, el decreto para la construcción de la Terminal de Transportes también propició la construcción de la sofisticada urbanización Ciudad Salitre. No alcanza esta columna para referir todas las maromas legales y la corrupción histórica en el uso de los terrenos de la inmensa hacienda El Salitre, por ahora asumamos que la entidad albacea interpretó, a su antojo, los deseos filantrópicos de J.J. Vargas.

Lo innegable es que en las componendas de los programas de desarrollo para la zona, siempre han participado, el gobierno de la ciudad, el gobierno Nacional y poderes económicos privados. Obviamente en el Plan de Renovación Urbana del CAN también actúa está trinidad.

En el año 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos crea un Conpes para la renovación del CAN y con el decreto 4184 ordena la creación de la Empresa Nacional de Renovación y desarrollo urbano Virgilio Barco Vargas, responsable de la planeación y ejecución de los proyectos de revocación en el CAN. Lo intrigante y sospechoso es que se designó a Andrés Escobar Uribe, que venía de gerenciar Construcciones Planificadas S.A. que integra toda la cadena de la Organización Luis Carlos Sarmiento Ángulo con grandes intereses en el sector. Por su parte, el gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, adicto al cemento y aliado con los urbanizadores, financiadores de su campaña, incluye, con prioridad, en el POT el Plan de Renovación Urbana del CAN. Tenemos, pues, otra vez, la tríada en acciones mancomunadas.

Los bogotanos valoran está zona en el corazón de la ciudad, como un remanso ambiental y cultural, allí se goza del aire limpio, de festivales al parque, de conciertos de artistas internacionales y de condiciones demográficas y de movilidad, moderadas y en notorio sosiego. Allí prevalece el Campus de la Universidad Nacional reconocida entre las 10 mejores de Latinoamérica y cuyos terrenos le permiten proyectarse hacia el futuro con mayor cobertura y mejor infraestructura. Por ello, las decisiones sobre el destino urbanístico de tan significativo sector, implican el cotejo de diversas concepciones de ciudad y una ética del desarrollo, no puede primar el criterio mercantil de las constructoras cuya ambición sobre los suculentos terrenos salta a la vista y, en todo caso, el consenso debe incluir a los habitantes tradicionales de la zona.

Sería muy saludable que los concejales y representantes a la Cámara por Bogotá, atiendan las advertencias que demandan los vecinos de los barrios que serán afectados por el Plan de Renovación Urbana del CAN, para que lo que se decida en el Plan de Ordenamiento Territorial corresponda a un desarrollo humanizado y sostenible de este sector tan preciado del Distrito.

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