Tutelando el pacto de silencio

¿Hubo una gran conspiración para financiar irregularmente la reelección de Santos y asegurar la impunidad de quienes participaron en ella? ¿Participaron en esta conspiración los expresidentes Santos y César Gaviria; el exdirector del Partido Liberal Simón Gaviria; el actual fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el grupo Aval, de la familia más rica de Colombia; el exvicepresidente Germán Vargas Lleras; el grupo Char de Barranquilla y la empresa brasileña Odebrecht?

La premisa parece sacada de una novela de Richard Condon. Una novela que ocurre en un país donde un puñado de personas se reúne para hacer pactos secretos, para jalar los hilos del poder y para mantener encubierta la misma existencia de su actividad con estratagemas complejas. La premisa sugiere que la conspiración se da en un entorno sumiso, en una sociedad con controles débiles, en un país donde un secreto de tal magnitud es guardable y en el que la impunidad está garantizada por la inoperancia o cooptación de los controles institucionales y de la opinión pública.

La premisa no es mía. La sugirieron hace más de un año los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, en una carta pública enviada al fiscal Martínez, a quien le piden investigar ingresos de dinero irregulares a la campaña de Santos del 2014. Ingresos que habrían involucrado a empresas relacionadas con el Partido Liberal, en ese entonces presidido por Simón Gaviria, con el grupo Char y con el consorcio conformado por el grupo Aval y Odebrecht, Ruta del Sol II. Unos meses después, en noviembre del 2017, el senador Armando Benedetti añadió densidad al episodio de la campaña Santos cuando acusó (al ser él acusado por tener vínculos ilícitos con Odebrecht) a Néstor Humberto Martínez, luego elegido fiscal general, de haber recibido maletas con dinero en efectivo para la campaña de Santos en la costa Atlántica, dinero que habría sido repartido, según dijo Benedetti, por el entonces candidato a la Vicepresidencia Germán Vargas Lleras.

Suena increíble. Y lo que sucedió después lo fue aún más: el expresidente Gaviria adhirió a la campaña del candidato Iván Duque que impulsaban los expresidentes Uribe y Pastrana, y el senador Benedetti apoyó la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. Además de eso, ¡no pasó nada más!

Según María Jimena Duzán, una de las pocas periodistas que, desde su columna de opinión en la revista Semana, han atado cabos sobre lo que podría ser el mayor abuso de poder en la historia reciente de Colombia, “(…) hasta hoy el expresidente Gaviria ha corrido con suerte, si es que así se le puede llamar a la manera como el fiscal NHM se las ha ingeniado para mostrar resultados en Odebrecht sin tocar a los peces gordos (…) Es más, tampoco hay ningún capturado ni condenado por haber ordenado los sobornos que ya ascienden a 50 millones de dólares, pese a que hay evidencias concluyentes que reposan en la Fiscalía de que gran parte de esa plata —por lo menos 30 millones de dólares— habría salido de la concesión de la Ruta del Sol II”.

Por estas afirmaciones, un fiscal subordinado al fiscal Martínez, Daniel Hernández, interpuso una tutela contra Duzán alegando que la periodista viola su derecho a la honra. La medida, que está siendo revisada por un juez, parece enmarcada en un intento por callar a los pocos que han osado hablar de lo que podría ser un gran pacto de silencio para proteger a las élites más encumbradas del poder político y económico en Colombia. Un pacto de silencio sobre un gran abuso de poder que, para bien o para mal, habría terminado con la elección de un presidente que había perdido la primera vuelta. Un pacto entre pocos que, por la impunidad judicial, por la intimidación judicial a periodistas, seguiría determinando hoy el futuro de todos nosotros.

@danielpacheco