Por: Andreas Forer

Twitter y el conflicto o en otras palabras: ¿hay prisioneros de guerra en Colombia?

Lo confieso; soy un aficionado de Twitter. Sobre todo desde principios de este año cuando iniciaron los distintos acontecimientos ocurridos en el Oriente Medio, en los que esta famosa red social logró movilizar a las masas.

Confieso también que soy seguidor de una variedad de personalidades, o simplemente  de personas que considero pueden resultar interesantes. Como casi todo el mundo lo hace, a través de Twitter algunos tratamos de informarnos y también de participar en las discusiones que allí se plantean, que si bien son públicas a veces resultan ser  un tanto limitadas. Mientras que otros,  utilizan esta y otras redes sociales de moda para mantenerse vigentes.


Un tema que calentó en las últimas semanas nuestros computadores y teléfonos móviles fue uno relacionado con la Ley de víctimas. El reconocimiento del conflicto interno colombiano que se hace dentro de esta ley provocó la reacción de muchos. De esa manera a través de Twitter leí, que tras la declaratoria del gobierno actual de que en Colombia sí hay conflicto armado, ya no podría hablarse de “secuestrados”, sino de “prisioneros de guerra” con lo cual se le estaría dando estatus político a las FARC. Complicado el tema. Veamos.


La existencia de un conflicto armado no internacional en un país es un hecho que no depende del reconocimiento que haga el presidente de la república o cualquier otra autoridad. Sólo por esa razón, uno no entiende lo acalorado de la discusión. Basta con que se cumplan los presupuestos consagrados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), esto es, que el conflicto se desarrolle en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.
 
Así, Colombia objetivamente vive un conflicto armado desde mucho antes de que el gobierno actual lo reconociera públicamente o de que el Congreso lo dejara plasmado en una ley. Además se  pueden agregar tres argumentos más: el hecho de haber admitido desde diciembre de 2002 la existencia de un proceso de paz, con el inicio de las negociaciones con los grupos paramilitares y de haberlas oficializado el 15 de julio de 2003 en el Pacto de Ralito; ya tenía implícita la admisión de que el país se encontraba en un conflicto, de lo contrario ¿para qué negociar la paz si no hay guerra?


La legislación vigente en Colombia desde el año 1997 (ley 418 de ese año) faculta al presidente de la república para adelantar diálogos y negociaciones con grupos armados al margen de la ley. Bajo este  marco normativo con el cual el gobierno de entonces  inició las negociaciones de paz con los grupos paramilitares hacia el año 2002. Entonces, podría decirse que ese gobierno ¿hizo uso de una norma para negociar la paz cuando no existía conflicto? Claramente, no sucedió así.


En tercer lugar, el código penal de 2000 contiene todo un capitulo que se aplica únicamente si hay un nexo entre un crimen y un conflicto interno. El legislador de la época seguramente no lo hizo por meras razones de prevención, sino también, porque la Colombia de entonces ya vivía un conflicto interno. Los jueces en Colombia han aplicado estas normas y con eso han reconocido en su jurisprudencia la existencia de un conflicto armado y condenado a los criminales a penas de hasta 60 años.


Ahora, resta aclarar que la aparente preocupación porque los militares y policías en poder de las FARC – pienso que para los civiles no hay discusión - dejen de ser considerados “secuestrados” y pasen a ser llamados “prisioneros de guerra” tampoco tiene asidero jurídico por dos razones: la primera, porque el instrumento internacional que se refiere a los ‘prisioneros de guerra’ y regula lo relativo a su trato, es el Convenio III de Ginebra de 1949, que expresamente restringe su aplicación a los cConflictos aArmados internacionales, que en el contexto nacional no resulta vinculante.


Adicionalmente, las exigencias del Convenio mencionado, son de tal índole que sólo pueden ser aplicables en conflictos internacionales donde se enfrentan ejércitos regulares, y difícilmente podrían ser observadas por grupos armados clandestinos. Por ejemplo, se exige “tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia” [art. 4. 2) b)], o, “llevar las armas a la vista” [art. 4. 2) c)]. ¿A alguien se le ocurre que un grupo armado ilegal busque ser reconocido a distancia?


La segunda razón, es que el código penal vigente ,vigente, que muchas veces se pasa por alto cuando se habla del DIH, no admite el uso del término ‘prisionero de guerra’, de manera que sería difícil introducirlo en el ámbito jurídico interno si las leyes del país no lo reconocen.


Finalmente, es oportuno aclarar que el hecho de que exista un conflicto armado no suspende la normatividad ordinaria, de suerte que, si la preocupación de algunos es que los grupos organizados al margen de la Ley dejen de ser considerados ‘terroristas’, o ‘secuestradores’, el llamado es a que conserven la calma, pues los miembros de esos grupos y de cualquier otro, serán llamados así, aún en conflicto, siempre que sus conductas se ajusten a lo que definen las normas como secuestro, o como terrorismo.


Espero que estas líneas contribuyan con el propósito de dejar de ver trinos escandalosos  pero poco informados. Además, porque a veces es difícil argumentar con las escasoas 140 caracterespalabras que permite Twitter, por lo que en algunos casos entonces sería más sabio callarse.


En twitter: @andreasforer

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