Por: Jorge Iván Cuervo R.

A un año de la plebitusa

Contra todas las apuestas —y las encuestas— hace un año el acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc fue derrotado en las urnas por un estrecho margen.

En esa jugada, el presidente de la República se equivocó pues sometió a votación algo que era de su plena competencia, sin necesidad y con un alto costo que aún hoy está pagando el proceso y su propia gestión, en la medida en que arriesgó todo su capital político a un resultado que a la larga le fue esquivo.

El estrecho margen ha sido exacerbado por los líderes del NO, desconociendo que por muy pocos votos millones de personas respaldaron el proceso, y haciendo creer que de manera autoritaria el Gobierno les ha venido imponiendo un resultado que obtuvieron en medio de una campaña de desinformación y miedo que hizo que la gente saliera a votar verraca, como bien lo explicó uno de los gerentes de los comités promotores, Juan Carlos Vélez.

Ese resultado tomó por sorpresa a todo el mundo, al Gobierno que se creía ganador, y a la propia oposición que sumó a su causa la cuestión religiosa que fue explotada con eficacia. Humberto de la Calle manifestó en algún momento que hasta ahí se había llegado y ese hubiera sido un resultado natural, pero los propios líderes del NO fueron incapaces de asumir el costo moral y político de terminar las negociaciones y todos al unísono pidieron mantener la tregua y abrir un diálogo, duda que usó el presidente Santos para retomar la iniciativa. Esto llevó a un segundo acuerdo que a la larga no dejó satisfechos a los opositores y cuya refrendación en el Congreso no logró corregir ese déficit de representatividad que hoy arrastra y que se definirá en las elecciones de 2018.

En medio de un gran escepticismo, el Gobierno y su bancada parlamentaria han venido aprobado la agenda legislativa necesaria para implementar el acuerdo, en un clima de polarización que deja ver síntomas de una fractura de nación que viene dándose desde los tiempos de los gobiernos de Álvaro Uribe sobre un tema central: la salida negociada del conflicto, los costos que ello implica y el horizonte que sigue a esa salida. La divergencia radica en que los sectores que se aglutinaron alrededor del NO consideran que las Farc estaban a punto de ser derrotadas militarmente, y una negociación política era un acto simbólico para protocolizar su rendición, mientras que el presidente Santos interpretó que eso tomaría mucho tiempo (y vidas), y era preferible una negociación de corto plazo con concesiones fácilmente asimilables por el sistema político sin mayores alteraciones estructurales del Estado.

Esta disputa se extiende hasta el 2018, con el riesgo de que un triunfo de quienes se oponen al acuerdo exigirían modificaciones que lo harían inviable, especialmente penas efectivas a los responsables de graves crímenes y mayores restricciones para la participación política, incentivos principales que hicieron posible la negociación.

Ya hay hechos cumplidos que no se pueden desconocer: una guerrilla que entrega sus armas y se transformó en partido político, una intensidad del conflicto que se redujo de manera dramática, un sistema de justicia transicional listo para operar y un clima de opinión que tímidamente considera muy complicado dar marcha atrás.

También es cierto que estamos ante una implementación muy embolatada en terreno como consecuencia de una mezcla de falta de institucionalidad local, capacidad del Estado central de gobernar en el territorio y, por qué no decirlo, falta de voluntad política. Al Gobierno le queda menos de un año para terminar de afianzar institucionalmente el acuerdo, arrastrando el desgaste de siete años en el poder, las secuelas del escándalo de Odebrecht con sus dos principales escuderos electorales respondiendo ante la justicia (uno preso y el otro fugado), así que el anclaje político ya se salió de sus manos y corresponde a los ciudadanos en las urnas en mayo de 2018.

@cuervoji

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