Por: Pablo Felipe Robledo

Un año y nada de nada

Hace un año, 11,6 millones de votantes (32 % del censo) le dijeron sí a la consulta popular contra la corrupción, que es el flagelo que carcome no solo los dineros de todos sino a la sociedad en general a través del empoderamiento de una cultura de la ilegalidad y el atajo.

Más allá de cualquier consideración sobre el verdadero alcance de cada una de las siete preguntas y su eficacia para combatir o no la corrupción, lo cierto es que, y esto es lo realmente valioso, el pueblo colombiano mostró su hastío por el robo de los dineros públicos por parte de “políticos” y “empresarios” y le mandó un mensaje al recién posesionado gobierno Duque y a la clase dirigente: Colombia anhela el establecimiento por parte del “establecimiento” de una sincera lucha contra la corrupción como política pública de prioridad nacional.

Ante el incontrovertible triunfo del mensaje político, sin importar que se necesitaran 12,1 millones de votos (33,3 % del censo), muchos colombianos esperábamos más del Gobierno, que a los pocos días de la votación montó un circo en el Palacio de Nariño con todos los partidos políticos para anunciar un pacto contra la corrupción que se convirtió en una patraña para la inacción.

Un año después, ninguna de esas propuestas, ni otras, han sido aprobadas por el Congreso ni apoyadas decididamente por el Gobierno. A estas alturas, se debería estar tramitando un verdadero estatuto anticorrupción, y no proyectos aislados con dos o tres normas que en nada cambian la situación y que solo sirven para seguir simulando que algo se está haciendo al respecto mientras el país se desangra.

Colombia necesita una política pública que nos permita soñar con un país en el que “ser pillo no paga”. Se requiere un estatuto ambicioso que sea coherente en el aumento de penas y multas, eliminación y racionalización de beneficios y subrogados, prohibición de casa (mansión o brigada) por cárcel y fortalecimiento presupuestal con aumento de las capacidades de investigación de las autoridades encargadas de combatir a los corruptos.

Sin embargo, la realidad es otra. La institucionalidad y los partidos tradicionales que más la representan prefieren mirar para otro lado y no hacer nada para combatir la corrupción, porque ello es legislar contra sí mismos, sus maquinarias y compinches. Esa apática y apátrida actitud los está haciendo culpables de que sea el populismo y no la racionalidad política el que se esté apoderando de las banderas contra la corrupción.

Mientras los partidos tradicionales se sigan aferrando a la idea de que el bandidaje es inherente a la actividad política, no lograrán parar a los populistas apegados al discurso anticorrupción, pues el pueblo, al fin y al cabo, ya está fatigado. No entenderlo es de un grado de torpeza enorme que se pagará dejando el poder en manos de unos populistas que, como en muchas otras partes del mundo, han terminado siendo mil veces más corruptos que los políticos tradicionales.

Es evidente que el pueblo colombiano mandó un contundente mensaje hace un año y, la verdad, no ha pasado nada de nada.

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2019-08-28T00:00:52-05:00

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2019-08-28T00:15:01-05:00

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