Por: Cartas de los lectores

Un antiguo problema

Un antiguo problema

Es innegable el incremento de cultivos ilícitos que Colombia ha sufrido en los últimos años, cuando pasó de tener en 2012 una superficie dedicada a la siembra de coca de 69.000 hectáreas, a 188.000 para este año (Agencia Efe, 2017). Sin embargo, el Estado ha luchado durante más de 25 años contra la cadena del narcotráfico, donde las políticas han ido evolucionado hasta llegar al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), concebido en el Acuerdo de Paz oficializado en 2016, con la sustitución voluntaria y la erradicación forzosa como los puntos clave.

Si bien las nuevas estrategias se han ido implementando, son muchas las presiones por parte del gobierno estadounidense para ver resultados positivos, a tal punto de pedir la reanudación de aspersiones aéreas con glifosato (Agencia Efe, 2017), las cuales fueron prohibidas por la Corte Constitucional desde el 2015 debido a las afectaciones a la salud humana y al medioambiente que este químico produce. A su vez, con base en los resultados de erradicación de cultivos para el año entrante, el presidente Donald Trump ya informó estar considerando la descertificación de Colombia como socio en la lucha antidrogas (Gómez Maseri, 2017).

Ahora bien, el Estado colombiano sí debe fortalecer su táctica contra los cultivos ilícitos, pero velando ante todo por la integridad de la población civil y el medioambiente. En lugar de ceder ante las solicitudes y presiones, debería enfocarse en implementar una sustitución voluntaria óptima, con construcción de bienes públicos que sean garantes de cambio en las condiciones de vida de las poblaciones afectadas.

Asimismo, el Estado debe garantizar que la erradicación forzosa siempre sea considerada como último recurso, cuando sea imposible establecer un pacto voluntario con las comunidades, resguardando de esta forma su bienestar.

En definitiva, más allá de los subsidios, el PNIS debe trabajar por realizar la inversión social necesaria, para que las personas vean presencia del Estado e interés en su calidad de vida y decidan más fácilmente acogerse al programa de sustitución, además de mantenerse en este, despreciando por completo la resiembra de coca (principal problema de la erradicación forzosa). Por último, se han de hacer controles en la Fuerza Pública, con el fin de evitar cualquier tipo de violencia innecesaria hacia las poblaciones pertenecientes al programa que estén cumpliendo con los deberes pactados.

Sebastián Acevedo Betín.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Cartas de los lectores

Coraje y dignidad de Michelle Obama

Se eligen gerentes de contratos