¿Un asesino suelto?

En octubre de 2007, en diferentes medios de comunicación, el doctor Gustavo Alfonso Quintana admitió haber cometido 35 asesinatos, según él, motivado por la piedad y basado en la sentencia C-239/97 de la Corte Constitucional de Colombia.

Recientemente, en una de las sesiones del Senado de la República, el mismo Dr. Quintana confesaba que ya no son 35 sino 50 los asesinatos perpetrados por él mismo. Entre sus víctimas se encuentra una señora, familiar suya, de 57 años, porque, según el testimonio del galeno, la enfermedad la había llevado a un “estado fetal”. Otra de sus víctimas fue un niño de escasos 11 meses de edad, quien sufrió el mismo destino por petición de su madre.

En ausencia de una legislación formal al respecto y teniendo en cuenta lo anterior y aceptando, además, que podemos estar o no de acuerdo con la eutanasia, de todas formas es claro que en Colombia tiene unos límites constitucionales muy bien definidos.

En primer lugar, consideró la Corte “…que mientras se regula el tema, en principio, todo homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación penal, a fin de que en ella, los funcionarios judiciales, tomando en consideración todos los aspectos relevantes para la determinación de la autenticidad y fiabilidad del consentimiento, establezcan si la conducta del médico ha sido o no antijurídica, en los términos señalados en esta sentencia”.

Así, si a la fecha no existe una legislación al respecto, es obvio que las acciones homicidas del doctor Quintana deberían estar siendo investigadas por la Fiscalía, máxime si quien escribe estas líneas interpuso una petición formal al respecto el día 29 de noviembre del 2007 (No. de Radicación 178584).

En segundo lugar, la sentencia de la Corte Constitucional no permite el acto eutanásico en pacientes inconscientes y muchísimo menos en pacientes menores de edad. Así las cosas, aunque existiese una clara regulación sobre tema de la eutanasia, no sería permitido el asesinato de los pacientes en “estado fetal” ni tampoco en menores de edad, como ocurrió con la paciente mencionada y con el bebé de 11 meses.

Los asesinatos del Dr. Quintana constituyen hechos antijurídicos que no están exentos de sanción penal y el país no puede seguir indiferente al respecto. ¿Cuántos otros niños, terminales o no, habrán sufrido la misma suerte? ¿Cuántos otros pacientes inconscientes, terminales o no, habrán sido víctimas del mencionado galeno?

 Jorge Merchán Price. Cirujano general (U. Javeriana). Bogotá.

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