Por: Juan Manuel Ospina

Un coctel fallido: afán e improvisación

La fragilidad del necesario proceso de puesta en marcha del posconflicto está ilustrada de manera preocupante por dos cifras escuetas: Juan Manuel Santos con una aceptación ciudadana de solo el 14% de los encuestados y, de otra parte, el debilitado presidente expidiendo 34 decretos – ley, en la agonía del fast track.

Registro esas dos cifras porque son una prueba clara del escenario tan estrecho y frágil en que se mueve la que es sin duda alguna la decisión más significativa en términos políticos y de fortalecimiento de nuestra democracia, que haya tomado el país en el último medio siglo. Una decisión de la cual la inmensa mayoría de ciudadanos se siente y se considera ausente pues considera, y con razón, que esta ha sucedido y sucede a sus espaldas y en medio del mayor sigilo; exactamente lo contrario de lo que debería ser el ambiente ciudadano y político de un proceso tan significativo. Un asunto que a todos los colombianos nos concierne y compromete pero que solo uno de cada cuatro ciudadanos aprueba la manera como el gobierno desarrolla los acuerdos.

El escenario es propicio para que el interminable debate entre amigos y enemigos del proceso no solo se mantenga sin que coja fuerza hasta invadir, Dios no lo quiera, la agenda del próximo debate electoral, con lo cual, en vez de avanzar, seguiríamos presos de un pasado que nos urge trascender.   

Y eso precisamente no es lo que está sucediendo a los ojos de un país escéptico, cada vez más desentendido de su suerte; de un gobierno afanado por cumplir de cualquier manera lo acordado y de una guerrilla desmovilizada y cada vez más desconfiada de ese gobierno e incómoda porque quemó las naves y enfrenta un futuro inmediato incierto. Para rematar, una oposición en cabeza de Uribe, con el escenario propicio  para obtener una buena cosecha electoral que lograría  no solo a costa del gobierno sino de las posibilidades de que Colombia pueda iniciar el largo camino de su transformación, cuya cuota inicial es la conclusión  de la lucha armada y la creación de  las condiciones básicas para iniciar esa transformación. Craso error pretender que ello se logre con la expedición de unos decretos-ley improvisados, desprovistos de análisis y discusión, como si el desacreditado y debilitado gobierno fuera el depositario incuestionado de la verdad.

De la carrera no queda sino el cansancio, dice la sabiduría popular, y añadiríamos, del afán gubernamental es difícil que salga algo bueno que el grueso del país pueda finalmente acoger como propio, convirtiéndolo en su compromiso. La razón de esta situación es muy sencilla, la implementación de los Acuerdos trae inoculado el virus de una de las grandes limitaciones que estos tuvieron, como es pretender que en 300 páginas quedara definido en detalle, paso a paso, el camino a seguir y del cual, por ningún motivo, nos podríamos desviar.

Semejante posición se fundamenta en dos supuestos  que no son ciertos: que todas las acciones a desarrollar tienen la misma importancia en términos de urgencia y de capacidad de generar procesos transformadores y,  en segundo lugar, que es posible  prever hasta en sus menores detalles  los intríngulis de la realidad y la dinámica de los procesos sociales, que los convierte   en una  camisa de fuerza que solo logrará alejar aun más a los ciudadanos del proceso, acentuar la soledad del gobierno y la incertidumbre de una guerrilla en trance de desmovilización,  a la par que  facilitarle la tarea a una oposición  que solo espera volverlos trizas.    

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