La isla de Providencia quedó devastada como consecuencia del paso del huracán Iota. 800 pobladores del corregimiento de Boraudó, en Lloró, Chocó, deben ser reubicados porque su territorio quedó arrasado por las lluvias.
Los habitantes de barrios de las ciudades de Cúcuta y Armenia, de los municipios de la Guajira, de Dabeiba y Urrao en Antioquia tienen el agua hasta el cuello. No sabemos el número de familias en Colombia que pierden sus viviendas en cada tragedia natural. ¿Es una persona en específico responsable de la existencia de Iota y del invierno que no da tregua? No, obvio. ¿Somos todos, de muchas formas, responsables de la realidad filtrada que vemos en los medios cada vez que ocurre un desastre natural? Sí.
Paralelamente, siguen matando a los líderes sociales. En Nuquí, Chocó, asesinaron a Juana Perea, quien se oponía a la construcción del puerto de Tribugá; en López de Micay, Cauca, asesinaron al líder afrodescendiente Audberto Riascos y a Rocío Alomina Mantilla. También mataron a Jorge Solano, delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña, Norte de Santander, y el mismo día acribillaron a Luis Hincapié, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cristalina.
Cinco nombres de ciudadanos asesinados entre el 29 de octubre y la primera semana de noviembre. En total, este año 2020 han matado a 251 líderes y defensores de derechos humanos, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La cuenta seguirá subiendo. Cada nombre será titular de un día. Y los olvidaremos y demostraremos que sus vidas nunca importaron.
Lo mismo pasará con las víctimas de Providencia y de Lloró, como ocurrió con las de Mocoa y Gramalote y las de cada desastre natural o de la violencia que marca el camino de las tierras de Colombia. Pasa con los actos de corrupción convertidos en puentes, como el que denunció el fotógrafo internacional Federico Ríos: en Mocoa, Putumayo, hay un puente que en un extremo choca contra la montaña y en el otro con un camino que sólo puede transitarse a pie. Costó $359.000 millones y pretende atravesar una gran reserva natural. ¿Cuántos “puentes” así hay en Colombia? ¿Qué pasó con la acción de la justicia en relación con la caída del puente Chirajara?
¿Absurdo? Sí, y nosotros lo permitimos. De eso se trata la responsabilidad compartida y por eso somos parte activa y también por omisión del hecho de que en San Andrés y Providencia no tengan un hospital digno ni albergues; de que no pidamos cuentas a los gobernantes por las mentiras con los tiempos prometidos en las reconstrucciones de los pueblos y en los robos de dineros públicos. Nuestro silencio es cómplice de los asesinatos sistemáticos y nuestra mirada indiferente al cambio climático, igual que el COVID-19, tiene sumidos a los pobres en las peores desgracias.
¿Es este el país que queremos perpetuar? Revisemos lo que están haciendo los gobernadores, alcaldes y diputados, y también que en 2022 elegiremos un nuevo Congreso y al reemplazo de Iván Duque. La democracia, supuestamente, nos protege de regímenes con un solo líder y supone la salvaguardia de nuestros derechos humanos. Entonces, exijamos a los próximos políticos pluralidad y pulcritud, que respeten la vida y que implementen políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Seamos dolientes de Colombia. Eso es lo único que quizá nos podrá salvar.
* Periodista.