Por: Adolfo León Atehortúa Cruz

Un debate necesario: con respecto a la financiación de la educación superior pública

Como respuesta a mi columna titulada “Ser pilo: ¿paga? La desinformación del presidente”, publicada por El Espectador el viernes 10 de noviembre, la ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha, envió un escrito titulado “Precisiones y aclaraciones al rector de la Pedagógica”, el cual fue publicado por El Espectador, a su vez, el 24 de noviembre. Hoy creo importante debatir sus apreciaciones, con todo el respeto que la autora merece.

La primera afirmación, que se postula central en el contenido de su respuesta, niega que el programa “Ser Pilo Paga” (PSPP) “le esté quitando recursos a las Instituciones de Educación Superior Públicas”, pues no fue creado como política para financiar la educación pública, sino para “brindarles oportunidades a nuestros bachilleres con excelencia académica y escasos recursos económicos…”.

El argumento no solo no está probando lo que afirma, sino que ignora mis razones. Y las ignora porque no puede contradecirlas sin alejarse de la verdad. Vale la pena reproducir lo que se ha dicho de mi parte, coadyuvado por los rectores de las universidades estatales:

“El auténtico problema es que el PSPP le está quitando recursos a las Instituciones de Educación Superior Públicas (…) Una y otra vez se ha explicado hasta la saciedad que, en el año 2015, el 0,4 % del punto adicional recaudado por el tributo CREE se destinaba en su totalidad a las IES Públicas. Pero, en 2016, solo les fue entregado el 46,4% de este valor, mientras en 2017 se recibió el 33.1% de lo correspondiente en el Impuesto a la Renta y Complementarios que sustituyó al CREE. La suma que dejaron de recibir las IES Públicas supera los $ 808 mil millones, que es la que hoy se entrega al PSPP”.

Y agrego a ello: en 2018, por cuenta de este recurso, solo se destinarán a las IES públicas $100 mil millones que fueron avalados en el último momento por el Congreso de la República gracias a la movilización estudiantil. ¿Para dónde se dirige la suma restante? La señora ministra lo sabe. Por Ley, el porcentaje de dicho impuesto, que equivale desde 2015 a 0,6 puntos, solo puede destinarse a financiar las IES Públicas o a créditos beca a través del ICETEX. Si no se destina a las IES, la razón es clara e inobjetable: va para los créditos beca, es decir, al PSPP.

La segunda afirmación central de la ministra tampoco es precisa: “El incremento de los aportes anuales a las IES oficiales es del 62 por ciento: entre 2010 y 2017 se pasó de 2,24 billones de pesos a $3,65 billones, es decir, en ese lapso se distribuyeron recursos por más de $23 billones”. Si tuviéramos un incremento anual del 62 por ciento, las IES públicas estaríamos en la gloria. Pero, como se trata de un asunto gramatical, aclaremos que no es ese el porcentaje de incremento de los aportes anuales sino el valor porcentual del incremento presupuestal total de los últimos siete años: entre 2010 y 2017. 

Sin embargo, resulta indispensable matizar la información. La cifra se da en pesos sin tener en cuenta la variación corriente. Y esto es importante hacerlo para depurar la información en lógica económica. El salario mínimo de Venezuela, por ejemplo, pasó de 1.064 bolívares en 2010, a 27.092 en 2016, con un incremento porcentual acumulado de 720%, lo que sería absolutamente extraordinario si se aplicara la valoración de la ministra. Más aún si tomamos la cifra del salario mínimo en 2017, que llegó a 177.507 bolívares.

Las cifras, entonces, no pueden presentarse en bruto sino con el correspondiente análisis comparativo de diversos indicadores. Por espacio, tan solo me detendré en tres de ellos:

El salario mínimo anual en Colombia, en el año 2010, estaba en $6,180.000 y en 2017 llegó a $8.852.604, es decir, tuvo un aumento de 43 por ciento si hacemos los cálculos con la metodología del Ministerio. Lo que significa que, incluso con el CREE y las adiciones presupuestales de 2011, 2012, 2013 y 2017, el incremento acumulado presupuestal de las IES públicas en los últimos siete años se ha movido muy cercano al salario mínimo.

La tasa de cambio representativa del mercado por un dólar de los Estados Unidos tuvo en 2010 un valor promedio de $1.898, el cual ha llegado en 2017 a $2.950, con un acumulado en alza de 55%; es decir, solo 7 puntos por debajo del incremento presupuestal atribuido a las IES públicas.          

En el año 2010 la participación de los aportes de la nación a las IES, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), estaba en 0,55 %; en 2010 llegó a 0,42% y en 2015 bajó a 0,40%, lo que equivale a una disminución real de 0,15%. Dicho de otra forma, con respecto al PIB, la nación viene aportando menos a la educación superior pública año tras año. Más aún si comparamos las cifras con la cantidad de estudiantes para buscar una relación per cápita, o si separamos las cifras de funcionamiento y las de inversión.

Por supuesto, podría seguir el debate con otros planteamientos de la ministra. Por ejemplo, considerar la inflación, recordar la exorbitante carga en los gastos de las IES, señalar que en la tasa de incremento para la matrícula de educación superior se incluye al SENA, o explayarme en las razones que he expuesto en diversos medios para comprobar cómo el PSPP fue construido estructuralmente para el beneficio de universidades no oficiales. Sin embargo, el espacio no me lo permite.

Postulo, por lo tanto, la necesidad de abrir un debate público de cara a la opinión y al país e insto a la ministra, a quien aprecio personalmente, a que enfrentemos nuestros puntos de vista en un evento abierto a la comunidad universitaria y los medios de prensa, para aclarar las verdades y razones que ambos tenemos en beneficio de la educación superior pública. Ese podría ser, sin duda, un gran aporte a la Colombia más educada.    

* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Adolfo León Atehortúa Cruz

The American Dream

¿Quién para el Ministerio de Educación?

Rusia vs. Arabia Saudí

Las universidades públicas en peligro

El botín de la guerra en Oriente Próximo