Un delito de bagatela

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La democracia en Colombia, como tal, no existe. Aquí lo que ha habido es un remedo de democracia: aparente, imperfecta y hasta delincuencial.

En ningún proceso electoral se juega limpio. En todas las regiones, los delitos electorales han sido un factor decisivo en los triunfos. Quienes hacen política así requieren millonarios recursos y por ello las platas de las campañas, casi todas por debajo de la mesa, dan razón de los orígenes oscuros en su financiación: narcotraficantes, paramilitares o, en la versión al parecer más “inofensiva”, empresarios de la futura contratación, a quienes les devuelven, con creces, lo que invirtieron “ayudando a la democracia” bajo el ropaje de filántropos y mansos corderos, cuando en realidad no son más que sanguijuelas encarnizadas contra la plata de los colombianos.

Parecemos estar resignados a que eso sea así. Nos conformamos con que, de mil episodios de corrupción electoral, financiación ilegal, compra de votos, violación de topes y contratación futura, se descubran diez y se condene uno. Ingenuamente, creemos que sí hay justicia y que todo cambiará, al paso que los políticos y sus financiadores se mueren de la risa al ver el show institucional que imputa en noticieros y titulares de prensa, pero que absuelve, caduca o simplemente no avanza en los expedientes.

Aquí la democracia es una farsa. Lo que hay es una “plutocracia enrarecida”. Gobierna el que tiene plata, y con ella consigue los votos. Es el poder de los ricos y de los ricos con dineros enrarecidos provenientes del narcotráfico, del paramilitarismo o de la contratación estatal, que se cuidan entre ellos y que, en algunas ocasiones, cuentan con la complicidad de autoridades corruptas, complacientes, cooptadas o faltas de carácter.

Hay empresarios con profesión de “contratistas del Estado” a quienes, por sus redes, les adjudican desde el suministro de agujas hasta cohetes espaciales. Han entendido que en la financiación de las campañas está la forma de obtener jugosas utilidades vía contratos que en el futuro les adjudicarán los políticos que financiaron.

Hoy tenemos dentro del tintero la bolsa de Petro, la ñeñepolítica, a Aida Merlano y Álex Saab, entre otros, que todos esperamos terminen en algo concreto y efectivo, pero que avanzan más en los medios de comunicación y redes sociales que en los expedientes.

Mucho ruido y pocas nueces. Parecemos contentarnos con anuncios como el del procurador Fernando Carrillo sobre los casos de contratación pública por el COVID-19 adjudicada ilegalmente a financiadores de las campañas políticas, a quien podemos permitirle espectaculares titulares de prensa, pero al mismo tiempo debemos exigirle que los acompañe de expediente reales, casos de “carne y hueso”. Ojalá pronto el procurador nos diga quiénes son los políticos y empresarios involucrados, pero con nombre propio, no in genere.

Hace pocos días, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar, fue condenado por corrupción al elector. Sin embargo, la Corte Suprema, a la que se le abona el condenarlo, lo mandó a “mansión por cárcel” y por poco tiempo —cinco años—. Con rebajas, beneficios y subrogados, mañana estará de regreso a la política a través de cualquier otro miembro del clan Gnecco al que pertenece y que, históricamente, ha estado metido en todo lo que aquí hemos mencionado.

Por esto, en Colombia los delitos electorales parecen ser simplemente travesuras, mejor dicho, “delitos de bagatela”. Urge un revolcón político, que ningún gobierno ha querido acometer.

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