Un día no y otro día sí

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De las carpetas secretas reveladas por la revista Semana, llama la atención que entre los espiados estén los defensores de los derechos humanos. No se trata de ninguna novedad, pero merece un comentario aparte.

En la época en que los Estados Unidos preferían trabajar con la Policía por considerar que los militares colombianos no eran confiables ni disciplinados, los derechos humanos ya eran considerados por los altos oficiales del Ejército un arma más de la subversión.

Si bien varias oenegés no denunciaban la violencia guerrillera con el mismo entusiasmo con que se referían a los excesos militares, la profesionalización del oficio de la defensa de los derechos humanos llevó a prácticas menos partidistas. A las guerrillas se les empezó a exigir por igual y sin embargo la relación con los militares no cambió sustancialmente.

Al revés. En vez de incorporar con ojo autocrítico el contenido de las denuncias contra sus formas de hacer la guerra y de tratar a los civiles, los militares optaron por apilar ellos mismos la información que permitiera demostrar que la guerrilla incurría en violaciones a los derechos humanos.

El Plan Colombia exigió de parte de los Estados Unidos un mejor comportamiento de los militares. Cientos de miles de cursos, congresos y cartillas después, los derechos humanos fueron permeando, por fin, la cultura militar. E igual institucionalmente siguió siendo posible que no se los tomaran seriamente: si nos empapelan, ya no combatimos, etc…

En la era de la justicia transicional los militares exigen con razón que sus víctimas de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario sean visibilizadas. El secuestro y las minas antipersona, entre otros, les permiten hacerlo.

Pero si la institución no respeta la labor de los activistas y defensores de los derechos humanos, ¿con qué autoridad y en nombre de qué universo moral pretende que sus víctimas sean reconocidas?

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