Un enfoque constitucional de la detención de Uribe

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Propongo una visión constitucional de la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe, para lo cual comienzo por recordar el sentido de la decisión y los cuatro principios constitucionales en juego, para luego analizar la decisión misma.

Es algo obvio, pero conviene recordarlo: este proceso contra Uribe no es un juicio sobre su legado histórico o sobre si fue o no un buen presidente, sino sobre si cometió o no unos delitos específicos: soborno de testigos y fraude procesal. Por eso, incluso si Uribe hubiera sido el mejor presidente (no lo creo), en todo caso tendría que responder por esos delitos si los cometió, pues en un Estado de derecho nadie está por encima de la ley, y ese es el primer principio en juego.

Es entonces inaceptable que algunos integrantes del Centro Democrático (CD) sostengan que Uribe no podría ser detenido ni juzgado porque fue, según ellos, un gran presidente. Es como si uno argumentara que el exrey de España Juan Carlos I no debería ser juzgado por eventual corrupción, con el argumento de que fue clave en la transición a la democracia, como efectivamente lo fue.

El segundo principio clave es que no hay Estado de derecho sin independencia judicial, como lo ha mostrado Venezuela, en donde el colapso democrático empezó con el asalto chavista a la justicia. La decisión de la Corte Suprema debe entonces ser respetada, sin perjuicio de que pueda ser criticada. Son entonces inaceptables los ataques a la Corte arguyendo, sin pruebas, que los magistrados estarían motivados políticamente contra Uribe o el CD. Por eso es también inaceptable la declaración del presidente Duque en apoyo a Uribe y pidiendo a la Corte Suprema que lo libere. Duque es presidente de todos los colombianos y no del CD, y debe apoyar a los funcionarios judiciales para hacer efectivas sus decisiones, como dicen los artículos 188 y 201 de la Constitución.

Tercer principio: debido proceso. El senador Uribe tiene derecho a las plenas garantías procesales, que la Corte debe garantizarle. Todo indica que hasta ahora la Corte lo ha hecho y es fundamental que lo siga haciendo, con extremo rigor.

Cuarto principio: presunción de inocencia y la libertad como regla. Mientras una persona no sea condenada, se presume inocente, y por ello debería dejarse en libertad durante el proceso, salvo que haya razones imperiosas que justifiquen detenerla. Por eso siempre he criticado el abuso de la detención preventiva y defendido su excepcionalidad.

En el caso de Uribe, tengo dudas de que se cumpla esa excepcionalidad, pero es difícil llegar a una conclusión clara sin conocer el auto, que tiene reserva.

El argumento del comunicado de la Corte es que Uribe podría obstruir pruebas y habría seguido manipulando testigos durante el proceso, lo cual podría justificar su detención. Sin embargo, la Corte no explica por qué otra medida de aseguramiento no privativa de la libertad, como prohibirle ciertas comunicaciones, no hubiera sido eficaz para prevenir esa manipulación.

Paradójicamente, el discurso de Duque, defendiendo a toda costa la inocencia de Uribe y pidiendo su libertad, es el mejor argumento a favor de la decisión de la Corte de detener a Uribe, ya que muestra su poder para interferir en el proceso, al contar con el apoyo gubernamental.

Tenemos una gran oportunidad de consolidar nuestro precario Estado de derecho, si exigimos plenas garantías procesales para Uribe y respeto a la independencia de la justicia y a sus decisiones, sin perjuicio de poder debatirlas. Ojalá no la perdamos. Por eso, aunque una reforma a la justicia es necesaria, el llamado a una constituyente para suprimir las cortes suena a revanchismo contra la Corte, que no ayuda a tener una mejor justicia en Colombia.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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