Un estado de emergencia necesario

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Las cifras no mienten. Hasta el momento Colombia ha sido uno de los países que le han dado mejor manejo sanitario a la crisis del coronavirus en América Latina. El número de contagios se encuentra alrededor de 12.000, cifra muy inferior a los 180.000 de Brasil, 70.000 de Perú y 30.000 “anunciados” en Ecuador (aunque, curiosamente, la alcaldesa de Guayaquil dice que superan los 500.000). Asimismo, se han presentado 500 muertes muy lamentables, que, sin embargo, son muy inferiores a las 12.000 de Brasil 2.000 de Perú y 2.400 de Ecuador. Finalmente, Colombia es uno de los países del mundo con menos infectados por cada millón de habitantes.

Estos resultados no son gratuitos, se deben a la labor realizada por el Gobierno nacional y gran parte de las autoridades territoriales, y en especial a la expedición de decretos que, en su gran mayoría, han tenido buenos resultados. La vida debe prevalecer y por ello la cuarentena obligatoria fue esencial para disminuir radicalmente los contagios. Sin embargo, la cuarentena no puede prolongarse durante toda la vida, como lo pretende Claudia López en una estrategia clara de polarizar y atacar las medidas del presidente, olvidando que el aislamiento viene con un alto precio. El cálculo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación es que habrá 265 millones de personas en riesgo de morir por hambre, el doble del año pasado, y en Bogotá siguen muchos trapos rojos colgados que la Alcaldía no quiere ver. Si no fuera por la apertura controlada de la economía, los efectos en desnutrición y violencia serían devastadores para la capital.

La Cámara de Comercio de Bogotá reveló hace unos días la Encuesta Ritmo Empresarial que demuestra el grado de la crisis: reducción del empleo del 25 % y de las ventas del 60 %, y una de cada tres empresas ha reducido su planta de personal. No se trata de una antinomia entre la vida y la economía, sino de buscar algunas soluciones que permitan abrir gradualmente el mercado sin riesgo para las personas.

Por ello ha sido esencial que el Gobierno haya decretado una nueva emergencia económica a través del Decreto 637 de 2020, el cual desde ya anuncia un paquete de medidas que resulta fundamental para una recuperación basada en la protección del empleo. El subsidio a los empleos de los trabajadores, los créditos para las pequeñas y medianas empresas, y la reactivación segura de la economía en las zonas del país que demuestren tener un buen manejo del coronavirus serán esenciales para superar la crisis salvaguardando lo más importante: la vida de las personas.

La Corte Constitucional deberá analizar este decreto, que sigue todos los parámetros exigidos en el artículo 215 de la Constitución. La necesidad de la medida es innegable, señores magistrados. La economía crecerá negativamente un -5,5 %, lo cual significa la mayor contracción en al menos 100 años de historia económica, y se perderán entre 1,4 y 2,5 millones de empleos, como lo señala Fedesarrollo, cuando solo en marzo, sin los efectos de la crisis, ya se habían perdido 1,6 millones. Por ello, si no se tomaban medidas extraordinarias, no era necesario ser un genio para esperar lo peor.

Esto, que se lee fácilmente en cifras frías, en caliente son más hogares con la incertidumbre de si el día que comienza podrán o no comer, si serán capaces de asegurarse un techo. El que examine estos decretos sin un contexto integral no podrá pasar por alto que desempleo es igual a hambre, hambre es sinónimo de desnutrición y que una población desnutrida es una población con la que se sacrificó y se dejó en el campo de batalla la principal bandera que es la lucha contra la pobreza, porque un país sin oportunidades es un país fallido.

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