Se presentaron más de 40 grupos y unos 300 artistas en cuatro escenarios

hace 12 horas
Por: Cecilia Orozco Tascón

Un gobierno con cara amable pero sello autoritario

Durante meses y en reserva, el gobierno de Iván Duque ha obstaculizado la firma de la prórroga del acuerdo para que siga abierta, en Colombia, la oficina del delegado de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Pese a los discursos del presidente en los que expresa respeto y protección a los derechos de la gente y al Acuerdo de Paz, su administración va en contravía de lo que afirma en público: vende la agenda política correcta pero desarrolla otra con objetivos claramente antidemocráticos. Por tanto, le conviene no tener vigilancia internacional. Mañana, jueves 31 de octubre, vence el periodo del mandato que le da piso jurídico al establecimiento de esa delegación en el país y que fue firmado por el Estado hace 23 años. Desde entonces, los gobiernos de los presidentes Samper, Pastrana, Uribe en sus dos periodos y Santos en los dos suyos le han dado continuidad a ese acuerdo. No por mera gracia sino porque este es un territorio fértil en violación de derechos.

Sin embargo y pese a sus amables frases y maneras, Duque ha puesto más trabas que todos los anteriores, incluyendo a su jefe. Pero, ante la noticia de la inminencia de la fecha del fin del mandato legal, la Casa de Nariño optó por negar lo que en los despachos oficiales ha sido una orden. En efecto, nunca en la historia el despacho del alto comisionado en la materia, hoy en cabeza de la señora Bachelet, había tenido tantas visitas recriminatorias y conminatorias de funcionarios colombianos antes de la renovación del mandato. El Espectador reveló el 20 de julio pasado, casi a un año del gobierno, el borrador de un documento de la Cancillería con las condiciones que le impone a Bachelet antes de firmar (ver): empezaba por ordenar la eliminación de la mención del “conflicto armado interno”; añadía la obligación de consultarle el nombre del jefe de la delegación de la ONU en Bogotá antes de designarlo; seguía limitando las declaraciones de esa oficina sobre los sucesos en Colombia. En resumen, constreñía la vigilancia del organismo mundial. El ministro Carlos Holmes Trujillo desmintió la existencia de ese borrador. Pero los hechos lo desmienten a él, tres meses después.

Es irónico que Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los Derechos Humanos de Duque y otro de los funcionarios que niegan en público lo que hacen en privado, sea uno de los operadores oficiales para sacar, a las patadas, a la ONU del país pues no se trata solo de la delegación de derechos humanos. El Gobierno tampoco quiere que aquí estén la Misión de Verificación del cumplimiento de los acuerdos pactados con la antigua guerrilla de las Farc ni ONU Mujeres. Pero no es irónico sino tétrico que Barbosa sea el más seguro fiscal general de Duque, es decir, el hombre que orientará las investigaciones penales y que podrá solicitar capturas o inducir condenas. ¡De supuesto protector de los derechos humanos a ordenador de procesos de encarcelamiento!

Las trabas e intimidaciones a la oficina de la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas fueron precedidas por otras noticias, en su momento también desestimadas: el veto de la embajada de Colombia en Italia y Grecia a escritores de la talla de Santiago Gamboa y Héctor Abad. Entonces, por el portal Lalineadelmedio.com tuvimos conocimiento de que había “una línea de pertinencia” gubernamental que marcaba el derrotero de la cultura oficial. Como en regímenes fascistas. Y el veto por parte de la embajada en Suiza, de nuevo negado, al documental de Natalia Orozco El silencio de los fusiles, una de las piezas de la Muestra de Cine Colombiano 2018-2023, iniciativa para promover este arte nacional en escenarios internacionales. Sí, como en el fascismo.

Sumemos el resurgimiento de las ejecuciones a sangre fría: primero, el exmiliciano Dimar Torres, cuya escalofriante orden de asesinarlo por parte de un coronel jefe de batallón fue revelada por Semana en su reciente edición; y en las últimas horas, la tortura y homicidio del defensor de derechos humanos Flower Jair Trompeta reportados por los pobladores de Corinto (Cauca) como ejecutados por militares. No puede ser coincidencia que los falsos positivos regresen en este momento del poder. Tampoco, que quieran desaparecer a los observadores de Naciones Unidas. Sin testigos, es mejor.

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2019-10-30T00:00:50-05:00

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Un gobierno con cara amable pero sello autoritario

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