Por: Carolina Botero Cabrera

Un Gobierno desconectado en una Colombia desconectada

En 2018 el Gobierno organizó una estrategia de comunicaciones para pasar la Ley de Modernización TIC dejando a un lado la discusión técnica de la convergencia, para asegurarse que el tema protagonista fueran las 20 millones de personas que están desconectadas, y cómo esa brecha digital afecta principalmente a las personas que habitan las zonas más alejadas del país. Consciente de esa preocupación del Gobierno que le garantizó el éxito a Duque en un tema en el que Santos falló por años, me sorprendió que en la primera respuesta a la protesta social que vivimos una plataforma digital sea la protagonista.

En su primera reacción pública a las protestas sociales que iniciaron el 21N el Gobierno Duque prometió “una plataforma tecnológica” que abriría el diálogo sobre los temas de la protesta. No sabemos mucho de esta plataforma, solo que funcionará a partir del mes de marzo. En la noticia, más allá de la desconexión sobre la incapacidad de leer los tiempos de respuesta a una protesta, el otro error en el que cae el Gobierno es en sobreestimar el rol de la tecnología que sirve como metáfora de su propia desconexión.

La tecnología es útil para facilitar y apoyar procesos de participación ciudadana en la medida que sea parte de una estrategia más amplia, pero no tiene sentido si se plantea como la respuesta principal a las demandas de una protesta social. La primera razón que se me ocurre es la misma que usó el Gobierno hace un año, no será eficiente en un país donde más de 20 millones de personas, justo quiénes tienen más demandas sociales, no pueden usarla.

Digo más de 20 millones porque además la sola conexión no es garantía de participación ciudadana. Colombia está en el promedio de conectividad de América Latina (50%) de acuerdo con CEPAL, pero la propia CEPAL reconoce que además de la penetración de internet nos debemos preocupar por la calidad y equidad en su acceso.

CEPAL indica que en términos de calidad del servicio, solo dos países tenían el 15% de sus conexiones con velocidades superiores a 15 Mbps y los peor ubicados tan solo llegan a tener el 0,2% de conexiones en ese rango, Colombia está en el promedio. Como referencia, a nivel mundial, los 10 países más avanzados en esta materia superan el 50% de sus conexiones por encima de 15Mbps. De los datos fríos también podemos deducir que las carencias en el acceso afectan primordialmente a ciertas poblaciones que, aunque aparecen conectadas en las cifras de los gobiernos, en realidad lo hacen a través de conexiones de mala calidad o poco confiables.

Es decir, mientras la Ley TIC habla de un acceso a internet escaso debemos cuestionar también que cuando existe, su calidad y confiabilidad no es buena. Además deberíamos agregar que para determinados usos, buena parte de ese acceso es como no tenerlo en últimas. Una plataforma de participación ciudadana seguro cae en ese razonamiento.

Y, vamos más allá ¿cómo se lee la brecha digital con enfoque diferencial? ¿qué pasa con el acceso de las mujeres, de indígenas, de las poblaciones afro, de la población LGBTI,  migrantes o la que es fruto del desplazamiento? Sobre las mujeres tenemos datos de una encuesta de Web Foundation de 2015 y otra encuesta de Mintic de 2018. Si se cruzan las cifras de las dos encuestas podemos decir que el acceso a internet para las mujeres rurales es casi inexistente, la brecha de género en la ruralidad es entonces gravísima. De las demás poblaciones no hay datos. El gobierno se preocupa por la brecha digital pero no sabe mucho de ella. Cualquier parecido con tres días sin IVA a cambio de las solicitudes en materia tributaria, es pura coincidencia.

Entonces, mientras que para discutir movilidad urbana o Fintech una plataforma parece pertinente, esta herramienta ni soluciona los problemas sociales, ni crea el diálogo político serio que se necesita. Tenemos hasta marzo para tener datos sobre cómo será y para ver cómo abordarán el problema estructural de no ser sustituto de los espacios que han sido sistemática y violentamente cerrados para quienes hoy se manifiestan en las calles.

Esta es la metáfora de lo que le sucede a Duque, busca soluciones fáciles a problemas muy complejos y mientras tanto las soluciones que encuentra, lo alejan más de la Colombia a la que debe gobernar.

Nota. La formación en derechos humanos de una fuerza pública en un estado social de derechos se pone a prueba durante las protestas sociales y la nuestra se va rajando. Ante la inacción actual quizá sean los nuevos gobiernos locales los encargados de hacer los cambios urgentes. Deberíamos aprovechar para replantear la herencia bélica que supone la orientación militarista de la Policía Nacional para tornarla en un verdadero cuerpo civil. Un primer paso es evaluar la pertinencia de que este cuerpo dependa del Ministerio de Defensa.

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