Por: José Fernando Isaza

Un indignado

Colombia ostenta el deshonroso lugar de ser el país de América Latina con la peor distribución del ingreso: en índice GINI es 0,58.

Hace ocho años la distribución del ingreso en Brasil era más inequitativa; el gobierno de Lula modificó la tendencia. En Colombia se acentuó y además disminuyó la participación del trabajo en el PIB. En los países desarrollados la distribución del ingreso antes de impuestos es más concentrada que después de impuestos, el gasto público tiene un efecto redistributivo, el índice GINI después de impuestos mejora entre 3 y 8 puntos porcentuales. En Colombia es sensiblemente igual; el gasto público se concentra en los sectores de clase media alta y alta; pensiones de regímenes especiales, subsidios a la agricultura comercial, gasto militar, etc. Además, el sistema fiscal tiene una serie de medidas que disminuyen la tasa de tributación a los sectores de mayores ingresos.

Un estudio realizado por un indignado con esta situación permite deducir el valor de las ventajas tributarias otorgadas por la anterior administración. Por deducción de activos fijos y rentas exentas, en el 2010 el costo fiscal fue $6,3 billones, cifra igual al incremento que el Gobierno ofrece en los próximos 10 años como su aporte adicional a la educación superior. Las exenciones son comparables a los faltantes del sector salud.

Todo el arsenal de deducciones hace que el impuesto de renta sobre el ingreso de las 295.000 personas jurídicas sea del 2%. Para un asalariado el impuesto de renta sobre su ingreso puede llegar al 18%, teniendo en cuenta las deducciones.

La generosidad gubernamental en el trato impositivo para mantener la confianza inversionista produce efectos paradójicos. Analizando las 295.000 personas jurídicas, el indignado encontró que el “costo de la nómina reportado pasó de 90 billones a 122 billones (2009-2010), 35% de incremento. No concuerda con el desempleo o incremento en el consumo”. Cuando analiza los reportes de los grandes contribuyentes, 8.240 empresas, encuentra que el “costo de nómina reportado pasó de 58 billones a 92 billones o un 60% de incremento, mientras parafiscales sólo crecen un 1%. No concuerda con desempleo o aumento de sueldos”.

Presenta adicionalmente dudas sobre los reales beneficios fiscales que el país obtendrá por la explotación de sus recursos naturales: “Algunas empresas del sector minero energético efectúan transacciones con entidades en paraísos fiscales, el 100% de las ventas lo hacen a compañías vinculadas, no hay información disponible de los compradores”.

“Algunas empresas del sector petrolero disfrazan de legal importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador. Incluyen estos activos como fijos que usan para la deducción especial, sobornan a los empleados de la aduana… Inflan los costos de los servicios contratados… para disminuir la base gravable…”.

Es interesante mencionar que a pesar de la significativa inversión extranjera en minería y petróleo, que en el 2010 alcanzó los US$4.900 millones, el patrimonio líquido declarado para efectos impositivos no refleja la inversión. En el total del sector minería, el patrimonio líquido declarado en el 2010 es de $30,39 billones, y en el 2007 era $28,95 billones.

El indignado es el doctor Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN. Las citas en comillas y las cifras son de su conferencia del 6 de octubre del 2011.

*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano

 

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