Por: María Elvira Bonilla

Un matrimonio mortal

EL UNANIMISMO, LA POLARIZACIÓN política y el autoritarismo tienen una grave consecuencia social: entronizar la intolerancia como norma de conducta socialmente aceptada.

Con unos pocos poseedores de la verdad, con el derecho de imponérsela, sin pudor alguno, a los demás. Quien no comparta las convicciones, ideas políticas, costumbres, miedos y fobias de quien ostenta cualquier forma de poder, corre el riesgo de ser aniquilado intelectual, laboral y hasta físicamente. Existen supuestas verdades para ser impuestas a cualquier precio; la negación misma de la democracia y la razón.

Intolerancia que alimenta distintas formas de persecución, así el comportamiento no implique conductas antisociales o dañinas para la sociedad. Una actitud que desde discursos y comportamientos “de alto nivel” ha ido contagiando a la sociedad y que desemboca en el supuesto derecho de juzgar hasta la condenación, la vida de los demás. Un ejemplo claro es la intransigente posición gubernamental frente a la penalización de la dosis mínima de narcóticos que va en contravía de derechos constitucionales ganados por la ciudadanía, mostrando una incapacidad para asumir y respetar la libertad individual, cuyo desarrollo tiene un ámbito de privacidad que no compete al Estado.

En la misma línea de intolerancia social se ubica el incremento de las agresiones contra la llamada Comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas). El mes pasado fue apaleado un grupo de ellos en Cali, ciudad que en el pasado era reconocida por su liberalidad y amplitud de mente y de espíritu, tolerante en el buen y liberal sentido de la palabra. Los vecinos del tradicional sector de la Loma de la Cruz se abalanzaron a aniquilar una pareja de gays. Movidos por sus prejuicios (y miedos) homofóbicos frente a personas con orientaciones sexuales diferentes, no dudaron en emprenderla con palos e insultos hasta obligar a la Policía a intervenir. La vulneración a los derechos de esta comunidad se ha incrementado, alcanzando formas de crueldad impensable en un mundo medianamente civilizado.

La más reciente expresión de la creciente intolerancia en el país son los panfletos amenazantes que han aparecido en al menos 100 municipios y en muchos barrios populares de las principales ciudades del país. Con la disculpa de estar en una nueva campaña de “limpieza social”,  han aparecido asesinos enmascarados que parecen creerse portadores y defensores de la moral pública con el derecho de perseguir y matar a jóvenes, prostitutas, homosexuales, drogadictos y ladrones. Quien circule después de las 8 de la noche en los sitios por ellos señalados ingresa a la lista de sospechosos y de condenados. Por lo menos una docena de muchachos ha sido asesinada en Bosa, en los últimos dos meses. Los supuestos justicieros piden de antemano perdón a la sociedad si mueren inocentes, a semejanza de lo que practican los paramilitares. Tranquilamente y a plena luz del día imponen su autoridad ante unas comunidades acorraladas y atemorizadas. Se consuma el matrimonio perverso entre el autoritarismo y la intolerancia, con consecuencias impredecibles y sin duda peligrosísimas para nuestra frágil democracia.

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