Por: Columnista invitado EE

Un pacto por el respeto a la vida

Por Ana Margarita González

Mientras que algunos líderes de opinión se desgastan en un interminable debate en redes sociales sobre la temperatura de sus posiciones políticas y la discusión pública parece girar en torno a este tema, en lo que va corrido del año han sido asesinados siete líderes sociales, de los cuales dos pertenecían a comunidades afrodescendientes. La gravedad de estos hechos merece una respuesta articulada por parte de las entidades públicas encargadas de la protección de defensores/as de derechos humanos en riesgo y un rechazo rotundo (sin tibiezas) por parte de la sociedad colombiana.

Durante el 2018, la mayoría de reportes sobre asesinatos de líderes sociales elaborados por el Ministerio Público y ONG sostuvieron que existen patrones comunes en las dinámicas de violencia hacia líderes sociales, en particular, hacia aquellos que se dedican a la defensa del territorio. En ese mismo sentido, varios informes coinciden en que los líderes en mayor riesgo son aquellos pertenecientes a comunidades afros e indígenas. De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia fueron asesinados 53 líderes sociales étnicos (20 afrodescendientes y 33 indígenas). Por su parte, la Procuraduría, en su informe sobre violencia contra defensores, destaca que de los 45 líderes defensores de derechos territoriales asesinados en el país el 20  % pertenecía a comunidades cubiertas por órdenes de protección colectiva de comunidades étnicas expedidas por jueces de restitución de tierras. Las causas de victimización de los líderes de los pueblos indígenas y afros están asociadas a su labor como defensores del territorio.

En agosto del 2018, el Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque firmó el Pacto por la vida y la protección de líderes sociales y personas defensoras de DD. HH., en el que se comprometió a elaborar una política pública de prevención y protección integral de líderes, con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial. Sin embargo, a la fecha, la Comisión Intersectorial creada en noviembre para la formulación de dicha política aún se encuentra en fase de alistamiento.

Para la efectiva protección de líderes sociales pertenecientes a pueblos étnicos, además de avanzar en el cumplimiento del pacto, es clave retomar las propuestas de la Comisión Étnica para la Paz que reclaman la implementación de mecanismos de protección colectiva que incluyan formas propias como la guardia indígena y cimarrona. La política debe resultar de un proceso de construcción amplio y participativo con las comunidades, organizaciones y autoridades que dé respuesta estructural a la crisis humanitaria en territorios étnicos generada por la falta de gestión de conflictos territoriales y la implementación irregular del Acuerdo de Paz. Un pacto por el respeto a la vida requiere con urgencia de una sociedad civil que se movilice para demandar respuestas y de un debate público que desplace la cacofonía y vire su mirada hacia los asuntos de importancia que enfrenta el país desde el diálogo y la construcción de acuerdos en lo fundamental.

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2019-01-11T00:30:54-05:00

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2019-01-11T00:45:01-05:00

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Un pacto por el respeto a la vida

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