Un país es un pacto

Como lo expresé en mi columna anterior, la Constitución del 91 supuso un pacto de paz frente al cual los colombianos hicieron presencia en forma trasparente y comprometida. Curiosamente, fue un guerrillero llamado Óscar William Calvo, líder del Epl, el primer colombiano que esbozó la idea de una asamblea constituyente. Corría el año de 1983 y el presidente Belisario Betancur abría un proceso de negociaciones por la paz.

Fue, también, la primera vez que un jefe guerrillero expresó su confianza en el derecho para superar el ya viejo conflicto armado colombiano. Casi simultáneamente Jaime Bateman hablaba de un “sancocho nacional” para referirse a la urgencia de convocar en forma amplia y plural a los distintos sectores de la sociedad. Ambos murieron sin concretar su propuesta y sin que el establecimiento prestara a ella atención alguna.

En 1987 se produjo la primera gran expresión de la sociedad civil en el mismo sentido. El sector privado del Tolima reclamó la necesidad de apelar a fórmulas excepcionales para liberar a un país prisionero del narcotráfico y de múltiples formas de violencia. La propuesta tolimense fue difundida por El Espectador el 6 de febrero del mismo año. Tampoco paso nada. Fue necesaria una movilización de sectores capitalinos para abrirle paso a la idea. El movimiento de la Séptima papeleta cumplió ese objetivo.

Pero se habían suscrito otros pactos en el pasado. El Frente Nacional superó la violencia interpartidista del medio siglo. Lo hizo a través de una “consociational democracy”, como la llama el jurista Mauricio Plazas Vega, apelando a una conocida figura de origen inglés cuyo sentido explica en su libro sobre aquel pacto. Quizás el Frente Nacional duró demasiado tiempo. Terminó cerrándose sobre sí mismo y excluyendo a nuevas fuerzas políticas. Por eso no pudo incorporarle factores estabilizantes a la paz.

En 1910 hubo otro pacto que, de la mano de la generación del centenario, permitió consolidar una vocación civil para Colombia. Aun en medio de los mayores conflictos, el país no deja de apelar al derecho para buscar soluciones. El jurista Juan Carlos Esguerra sostiene que la reforma de 1910 no solo permitió “nacionalizar” una Constitución que era de partido, sino convertirse en un verdadero tratado de paz.

Hace dos años se concretó un acuerdo más en las negociaciones de La Habana. La expectativa planetaria fue tal, que el resto del mundo no entendió las razones por las cuales aquel proceso estimuló la polarización de los colombianos en vez propiciar su consenso. Las peleas dirigentes suplantaron el interés de los ciudadanos y estos compraron la pendencia. El hábil expediente electoral de la polarización desplazó la idea conciliadora y dejó su marca en las recientes elecciones parlamentarias.

Ahora los candidatos presidenciales, sin excepción, están dirigiendo su mirada hacia el centro del espectro político. Ninguno de ellos formula propuestas radicales. Pero los enemigos de la paz insisten en la polarización que, ni más ni menos, es una guerra en ciernes. Parecería que hemos llegado a un nivel de obcecación que nos ancla en los odios del pasado. Tiene razón el jurista Alfonso Gómez Méndez cuando señala con enfado a quienes no ven el negocio de la paz, pero sí ven la paz como negocio. Por Dios, un país es un pacto. Supone un compromiso ético y un consenso de mínimos.

* Exsenador, profesor universitario.

@inefable1