Por: Elisabeth Ungar Bleier

Un país JMSC

Varios estudios recientes confirman que uno de los mayores problemas que enfrenta Colombia es la corrupción.

 Según la Tercera Encuesta Nacional sobre Prácticas contra el Soborno en Empresas Colombianas, realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia (http://transparenciacolombia.org.co/index.php?option=com_content&view=ar...), el 94,4% de los 859 empresarios encuestados opina que se ofrecen sobornos en el entorno de negocios en el país y que éste aumentó en todas las modalidades, pero especialmente en las contribuciones políticas, los regalos y los gastos de representación. Asimismo, el 62% de los empresarios considera que si no paga sobornos pierde negocios, al tiempo que cree que los pagos secretos por parte de la competencia para asegurar un contrato ascienden a un promedio del 14,87% de su valor, mientras que entre el 0 y el 10% cree que éstos llegan al 56%.

Por otro lado, de acuerdo con el último Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt (http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/Colombia_Country_Report_2012_W.pdf), “Colombia ocupó en 2012 el primer lugar entre los países estudiados en su nivel de percepción de corrupción con un promedio de 82 puntos en una escala de 0 a 100”. Si bien esto no significa necesariamente un incremento de la corrupción, la victimización por este delito también ha aumentado en más de 50% en un año.

Al poco tiempo de conocerse estos preocupantes resultados, los medios de comunicación informaron sobre las reuniones de alto nivel realizadas la semana pasada, las cuales tuvieron como propósito hacer un balance de la gestión del gobierno del presidente Santos, definir la estrategia política y de comunicaciones y los principales derroteros y prioridades de política pública para los próximos meses. La primera “cumbre” tuvo lugar en Hatogrande, con presencia de todos los ministros, consejeros presidenciales y colaboradores más cercanos del primer mandatario. Las otras dos fueron con los representantes de los gremios de los industriales y del sector agropecuario, respectivamente. Es decir, participaron los actores que están en mayor capacidad de influir en las decisiones del gobierno.

Según la información que ha trascendido, una de las conclusiones fue enfocar las acciones en el logro de un país justo, moderno y seguro, “un país JMS”, que coincide con las iniciales de los nombres y el apellido paterno del presidente. Esta es una estrategia creativa y novedosa, pero puede verse seriamente afectada por la creciente percepción de corrupción, que si bien no necesariamente significa que este fenómeno está aumentando, sí señala una tendencia. Es bien sabido que ésta incide en la legitimidad de las instituciones y la gobernabilidad democrática, corroe la confianza de los ciudadanos en los gobernantes, deteriora el clima de negocios, genera violencia, inseguridad, inequidad y pobreza. Por ello, para alcanzar las metas definidas en las cumbres presidenciales, es inaplazable priorizar la lucha sin cuartel contra la corrupción y la impunidad. Ojalá el presidente decida agregar la “C” de cero corrupción a su nueva estrategia, que además corresponde a la primera letra de su apellido materno.

 

 

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