Por: Pascual Gaviria

Un proceso

LOS RITOS QUE SOPORTAN AL ESTADO suelen ser decepcionantes, la majestad que impone la teoría casi nunca se acomoda a la rudimentaria puesta en escena. Así que ahí van los abogados, las secretarias, las víctimas, los curiosos, los reos y los mensajeros de las cafeterías en el mismo ascensor, con afanes distintos, concentrados en el tablero que indica los pisos. Parece imposible reconocer el desorden de remordimientos y venganzas entre los pasajeros de ese corto viaje.

Una llamada sorpresiva me entregó el tiquete para el vagón que me llevó hasta el piso 23 del edificio de los juzgados en el centro de Medellín. La hermana de una de las supuestas víctimas de los falsos positivos me invitaba a la audiencia preparatoria en la que iba a ver por primera vez, cara a cara, a los nueve militares acusados de matar a su hermano Diego Alfonso Ortiz en junio de 2005. Un vendedor de bolsas de basura y varas de incienso que según la versión de los militares detenidos murió en combates en las cuchillas del barrio La Sierra. La fiscal, que según uno de los abogados defensores atiza un hierro contra los militares, está convencida de que se trató de un homicidio.

La asistente del juez lee el expediente como si fuera un salmo interminable, sin énfasis, sin prisa, con un tono monocorde que adormece a las barras. Los protagonistas de la audiencia están encerrados en un salón estrecho con una larga ventana lateral que da al pasillo de entrada a los ascensores. Las novias y las hermanas de los soldados, arregladas como si estuvieran en una ceremonia de ascenso, se apoyan sobre el muro que mira el salón del juzgado y consuelan a sus hombres con los ojos. Les escriben notas con corazones, les entregan chicles para apaciguar el tedio. El aire de alumnos aburridos de la escuadra militar me recordó a los protagonistas de la famosa A sangre fría de Truman Capote: “… tanto Smith como Hickock afectaron en la audiencia una actitud a la vez indiferente y falta de interés: mascaban chicle y golpeaban a la vez el suelo, con lánguida impaciencia”.

En el otro extremo de la ventana está la familia de Diego Alfonso Ortiz. Se arrullan con los argumentos del juez para negar algunas pruebas mientras intentan descifrar a los hombres de camuflado: buscan sus apellidos en el uniforme, miran sus manos, se concentran en un águila tatuada en el dorso de la mano de uno de ellos, en una cicatriz en el cuello, en los ojos que retan o huyen. “Aquel más joven parece mirar con desconfianza a sus compañeros, el otro del extremo parece querer decir algo, habrá entre ellos algunos inocentes…”, las conjeturas de la familia ante los supuestos verdugos se multiplican. No pueden creer que esos hombres caminen tranquilos por los pasillos del edificio, que sólo tengan un custodio, que levanten sus celulares para tomar fotos de la concurrencia con un gesto desafiante y sereno.

El tono formal de los defensores, de la fiscal y del delegado de la Procuraduría hizo juego durante siete horas a la voz plana de la asistente del juzgado. El juez nunca hizo alardes para adornar su figura, fue un árbitro tranquilo y firme, un funcionario. No parecía que se jugara el destino de nueve hombres y que la muerte rondara esa retahíla de plazos y vicios de procedimiento. Al final la humildad del rito terminó por convencerme. Esa larga y deslucida escena puede ser una prueba de que todavía hay esperanzas para los retos que impone la crueldad y el desprecio, para la desconfianza y las preguntas que dejan algunos muertos. A mediados de mayo volveré para la audiencia de juzgamiento.

 

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