Por: Gustavo Páez Escobar

Un Procurador histórico

La leyenda de La espada de Damocles, que las sociedades olvidan con tanta facilidad, vino a revivirla el actual procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien a través de acciones ejemplarizantes ha demostrado que la corrupción y la desidia en el cumplimiento de las funciones públicas deben reprimirse con mano dura y sin miramiento alguno. Donde hay benignidad de la conducta habrá deterioro del bien público.

Desde que en enero del 2009 se posesionó del cargo e inició su campaña depuradora, comenzaron a sentirse voces de protesta contra sus actos, las cuales venían, por supuesto, de personas y sectores acostumbrados a delinquir o ser negligentes en sus deberes, para luego ampararse en la rampante impunidad que tiene traumatizada la vida del país.

La gran mayoría de la opinión pública vio que había llegado un verdadero Procurador, en el amplio sentido que le da la Constitución (artículo 277): “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad; defender los intereses de la sociedad; velar por el cumplimiento diligente y eficiente de las funciones administrativas; ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular”, entre otros objetivos de absoluta precisión.

Eso es lo que ha hecho el Procurador. Así lo definió él mismo como respuesta a sus detractores: “Yo garantizo lo que está en la Constitución y en la ley, no puedo hacer lo que quiera, sino lo que el ordenamiento jurídico me indica”. Fiel a ese mandato, y procediendo con el temple que le imprime su carácter decidido y moralizador, durante los dos años y cuatro meses que lleva en la posición ha impuesto 800 sanciones a alcaldes, cifra alarmante en un país que tiene alrededor de 1.100 municipios. Esto hace suponer que por lo menos el 70% de los alcaldes incurre en faltas administrativas. Unas se destapan, otras permanecen ocultas. 

Aparte de los alcaldes, su acción de vigilancia ha llegado, y de qué manera, a los altos niveles del Estado. Su espada de Damocles ha caído sobre parlamentarios en ejercicio, como la senadora Piedad Córdoba (sus propios electores), sobre el contralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi y el excongresista Germán Olano, a quienes impuso la destitución e inhabilidad para ejercer cargos durante largos años.

La última medida, que produjo verdadero revuelo en el país, fue la suspensión por tres meses del alcalde mayor de Bogotá,  Samuel Moreno Rojas, por su omisión en la toma de controles para evitar la parálisis de obras fundamentales que mantienen atascada a la ciudad, y además como medida preventiva y prudente para vigilar la adjudicación de contratos por $ 6 billones (situación de alto riesgo para los intereses de la capital, teniendo en cuenta la presunta participación del hermano del alcalde, Iván Moreno, en el festín de los contratos, lo que ha causado una sangría de incalculables perjuicios en las cifras y el desarrollo de la ciudad).

Nunca antes había sido suspendido un alcalde de Bogotá. Y nunca antes el funcionario  había cometido tantos exabruptos y dejado de ejercer tantos controles. Como dentro de las funciones del Procurador está la de defender los intereses de la sociedad, así procedió Alejandro Ordóñez, con alto sentido de responsabilidad y rigor. El beneplácito de la ciudadanía al conocer su determinación no pudo ser más categórico. El caos que vive hoy la capital del país es el resultado de una pésima administración. Tarde se dio cuenta el electorado de semejante equivocación.

El ejemplo implantado por el Procurador ha surtido efecto en otros altos organismos,  como la Contraloría General de la República y la Fiscalía General, cuyas titulares  también han llegado con mano dura a ejercer sus cargos. Antes, la línea general era la corrupción y la impunidad. Hoy, la moda es la moral y el castigo. Confiemos en que ese estado se preserve por mucho tiempo.

Alejandro Ordóñez Maldonado –como ocurrió con Mario Aramburo Restrepo, Jaime Serrano Rueda y Carlos Mauro Hoyos en momentos memorables de la vida pública– ya ingresó a la galería de los procuradores históricos.

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