Con la disculpa de modernizar el sector de las comunicaciones en el país, como dice el texto-atentado contra la democracia informativa que el uribismo y sus aliados borregos están aprobando, a pupitrazo, en el Congreso, este Gobierno intenta sepultar al Canal Uno y, con este, ¡qué felicidad!, a Noticias Uno, principal objetivo para silenciar, sobre todo, en los precisos momentos en que destapamos escándalos como el de la implicación del fiscal general en el de Odebrecht. No solo eso. Cualquier manifestación periodística, cultural o artística de la televisión pública, queda “amenazada por convivencia” desde el momento en que esta ley sea sancionada por Iván Duque porque estaremos sometidos a la vigilancia del papá Ministerio de las TIC, o sea, del Ejecutivo. En efecto, este asumirá el control absoluto del campo mediante la creación de una poderosa Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de la que se predica, en la letra, que “no estará sujeta a control jerárquico o de tutela alguno”, pero cuyos miembros serán el ministro de turno, un delegado del presidente de la República, un representante de los operadores públicos regionales que, en la práctica, sería vocero de los gobernadores quienes dependen, en buena medida, del Gobierno Nacional; y dos personas elegidas en un supuesto proceso de selección mediante convocatoria pública surtido de manera mañosa, según nos consta por la experiencia de años y años. Aún bajo el supuesto de que estos fueren elegidos limpiamente, la CRC tendrá tres miembros de origen político contra dos ciudadanos sin poder alguno.
El proyecto que ha levantado sospechas en las bancadas minoritarias sin que, por supuesto, nadie las escuche, tiene mensaje de urgencia de la Casa de Nariño que ha enviado la “pesada” de su círculo (ministros, el consejero político Jaime Amín, Felipe Buitrago “director de Gobierno y áreas estratégicas de Presidencia”, la consejera lobista de palacio Karen Abudinen,etc.) para lograr un trámite veloz. Lo que no hizo el presidente Duque con las propuestas de la consulta anticorrupción, pese a que dio su palabra a favor de los 12 millones de ciudadanos que votaron por ella, lo está haciendo con esta ley que favorece a los grupos privados y que excluye —y no por simple descuido— al Canal Uno con otra excusa: el carácter jurídico diferente entre las concesiones pactadas con los unos y el otro pasando por alto esa bobería contenida en el principio constitucional del derecho a la igualdad. La cosa es de la siguiente forma: a cambio de renunciar al derecho a la licencia que ya tienen, y de acogerse al “régimen de habilitación general” previsto en esta ley, a los canales privados se les permitirá sustituir el pago fijo de $128.000 millones por la licencia que deberían consignar en enero próximo, por “un único porcentaje sobre sus ingresos brutos… (incluyendo) los ingresos por concepto de pauta publicitaria y terminales” . Significa que terminarán pagando una suma radicalmente inferior a la prevista en las obligaciones contraídas.
Todos los fomentos estatales a medios de comunicación abiertos o cerrados son bienvenidos. Pero la contraprestación no puede ser la lesión a las arcas públicas, el sometimiento a la vigilancia oficial y el agradecimiento empresarial que se traducirá, irremediablemente, en favores informativos. Mucho menos puede ser, a cambio de tener a unos contentos y consentidos, pero de eliminar a los otros, justo a quienes estorban por su independencia periodística. Con sobrada razón, el senador Mockus publicó una carta en que concluye: “La urgencia del proyecto no es clara... Entendería esa urgencia si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la mortalidad infantil en la Guajira por desnutrición o del asesinato de líderes sociales”.
Entre paréntesis. Aclaraciones pertinentes: 1. Esta columnista es contratista —no socia— del Canal Uno. 2. La columna se publica en este medio, que pertenece a uno de los grupos concernidos en el proyecto que critico, por el respeto a la libertad de opinión que aquí se profesa.