Por: Augusto Trujillo Muñoz

Un salto al pasado

Es increíble: Dirigentes y analistas confunden salto al vacío con salto al pasado.

La Constitución del 91consagró el tránsito de la representación política a la participación ciudadana. Adoptó mecanismos participativos y procedimientos inéditos para reformar la carta política. La potestad que antes estaba reservada exclusivamente al congreso, ahora se extendió a la asamblea constituyente y al referendo popular.

En esa forma el constituyente dio respuesta al bloqueo institucional producido por el artículo 218 del antiguo régimen. Consecuente con su origen, la Asamblea decidió adoptar unos mecanismos de participación que van más allá del tradicional ejercicio del sufragio y unas alternativas de reforma constitucional que van más allá de las tradicionales propias de la democracia representativa.

El delegatario Augusto Ramírez Ocampo enfatizó en la necesidad de ampliar los canales participativos, de manera que “la actividad de la administración no se realiza en ningún momento a espaldas de la voluntad popular, por el contrario, son muchas las instancias en que ésta puede expresarse” (Gaceta nº 112, p. 8). La finalidad era el ejercicio de la vigilancia y control de la gestión de las autoridades por parte de los ciudadanos, pero también la iniciativa popular constitucional y legislativa.

Curiosamente aquellos avances hacia la transparencia política y hacia la legitimidad institucional resultan ahora peligrosos y, para algunos, suponen un salto al vacío. Por Dios: el poder constituyente mata el tigre y los poderes constituidos se asustan con el cuero. Fácilmente nos aparece de pronto un genio sugiriendo la conveniencia de retirar de la constitución esas peligrosas instituciones.

Con muy buen juicio, el ex senador Jaime Castro propuso apelar al artículo 374 de la carta política para acometer las reformas que no puede tramitar un congreso sin autoridad para ello. Propone simplemente cumplir la Constitución, no ignorar sus mandatos. Pero además Castro tiene bien averiguado que donde las crisis políticas se resuelven cabalmente –al menos dentro de una democracia- es en las urnas.

Ciertamente el ex presidente Uribe contaminó el ambiente porque su propuesta invita más a la confrontación política que a la deliberación democrática. Pero él no puede ser dueño exclusivo de la idea. Figuras como el referendo, la iniciativa popular, la asamblea constituyente significan apertura de espacios políticos y la crisis actual obedece a que se han cerrado de nuevo. Se vienen cerrando, incluso, desde el gobierno anterior. Por eso no tiene sentido que los demócratas suscriban la contradicción doctrinaria de que las formas de participación democrática encierran peligros para la democracia.

A pesar de que el jefe del estado mantiene sintonía con la opinión, el país está de vuelta a los días en que registraba exceso de legalidad y defecto de legitimidad. Si las normas constitucionales previstas para iluminar el manejo de ciertos fenómenos críticos se quedan escritas cuando tales eventos se producen, estamos fracturando las posibilidades creadoras de la democracia. Allí empieza el divorcio entre las instituciones y la gente. Eso sí es peligroso porque representa un salto al pasado en medio de la oscuridad.

Ex senador, profesor universitario, [email protected] 

 

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