Por: Columnista invitado

Un Tribunal Internacional si podría Cambiar Límites

Es a todas luces descabellado restarle valor jurídico a un fallo internacional mediante un fallo emitido por un tribunal nacional, la primacía del derecho internacional es indiscutible.

La opinión pública ha vendido la idea de que el reciente fallo de la Corte Constitucional relativo al Pacto de Bogotá respalda la inaplicabilidad o –lo que es peor–, el incumplimiento de la sentencia de 2012 de la Corte Internacional de Justicia en el caso con Nicaragua. Sin embargo, es necesario respaldar la postura de algunos pocos expertos que han hecho un llamado a la cordura y han puntualizado que los desatinados dichos de la Corte Constitucional en nada afectan las decisiones ya tomadas por la justicia internacional. Desde un punto de vista técnico jurídico, una corte internacional sí podría modificar los límites de un Estado si el mismo previamente aceptó de forma voluntaria la competencia de dicho tribunal.

Algunos miembros de la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) tuvimos la oportunidad de hacer una intervención ciudadana del citado proceso de constitucionalidad, la cual radicamos en la Corte el 8 de Octubre de 2013. En ella ya anticipábamos una eventual choque entre el derecho internacional y el derecho interno, aclarando así la irrefutable supremacía del derecho internacional.

Así, independientemente de que algunos Estados aleguen –desde adentro– la supuesta supremacía de sus ordenamientos jurídicos internos, lo cierto es que desde afuera siempre se ha reiterado que en el evento de que exista conflicto normativo entre el derecho internacional y el doméstico, siempre deberá prevalecer el internacional. Esto lo ha recalcado la propia CIJ en casos como el de los hermanos LaGrand entre EE.UU. y Alemania, así como en la Opinión Consultiva sobre la obligación de arbitrar –también contra EE.UU–y la opinión relativa a la legalidad de la declaración de independencia de Kosovo. La misma lógica ha manejado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso ha ordenado la modificación de la Constitución Nacional, tal como ocurrió en el caso denominado “la última tentación de Cristo” contra Chile.

Esta lógica es respaldada ampliamente por la doctrina internacional alrededor del mundo, y por cláusulas que han alcanzado el reconocimiento de costumbre internacional como la del artículo 27 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados que reza que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. El artículo 46 de la misma Convención, únicamente genera una eventual excepción y es que haya existido una violación manifiesta de una norma fundamental del derecho interno en lo concerniente a la competencia para celebrar tratados, solo entonces se entenderá que existió un vicio del consentimiento para celebrar el tratado.

Resulta claro que es a todas luces descabellado el buscar restarle valor jurídico a un fallo internacional mediante un fallo emitido por un tribunal nacional, la primacía del derecho internacional es indiscutible. En la escena internacional poco valor tendrá lo dicho por la Corte Constitucional en este respecto, independientemente de que muchos quieran utilizar a su favor el impacto mediático y estrictamente local de tal desafortunado pronunciamiento.

Además, por si esto fuera poco, el argumento inicial que presentamos en nuestra intervención ciudadana fue tan sencillo como que la Corte Constitucional debió haberse declarada inhibida para fallar. Esto debido a que el 27 de Noviembre de 2012 Colombia ya había denunciado el Pacto de Bogotá, dejando de surtir efectos un año después, es decir desde el 27 de Noviembre de 2013. Sin mas rodeos, la Corte Constitucional emitió la semana pasada un fallo sobre un caso hipotético (moot case), un caso inexistente, desgastando de manera innecesaria la justicia y pasando por encima de un valioso principio rector como el de la economía procesal. En otras palabras, el fallo de la Corte no tuvo como objeto administrar justicia, ni defender la constitución, solo se pronunció sobre una norma que al momento del fallo ya no existía en el ordenamiento jurídico. Es evidente que el objetivo del fallo era eminentemente político y mediático, un total despropósito.

El fallo de la Corte parece mas bien querer respaldar un sentimiento de nacionalismo popular útil para algunos en tiempos de campaña, porque como se demuestra, no se ajusta a los lineamientos técnico-jurídicos propios del derecho internacional.

Como colombianos, por supuesto que a todos nos importan los 75.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos que cambian de destinación con el fallo de la CIJ; al Presidente (candidato) por supuesto que tampoco le conviene quedar en los anales de la historia como aquel en cuyo mandado se restó la soberanía colombiana –de hecho todo esto se gestó fue a finales del siglo XX. Resulta claro que es a todas luces descabellado el buscar restarle valor jurídico a un fallo internacional mediante un fallo emitido por un tribunal nacional, la primacía del derecho internacional es indiscutible, pero las pasiones no debe llevarnos a argumentos desesperados que se construyan con el desconocimiento flagrante del derecho internacional.

Así, entendiendo que a nivel internacional la sentencia de la Corte Constitucional no produce un efecto distinto a evidenciar los desaciertos en materia de derecho internacional de la justicia, el Gobierno colombiano debe dejar de reiterar que los límites son los del tratado Esguerra-Bárcenas (esa tesis ya la había abandonado en la contra memoria y en la dúplica del caso) y focalizarse de nuevo en su tesis de la inaplicabilidad y buscar acercamientos con Nicaragua para lograr generar acuerdos a través de la negociación, la cual es probablemente la única salida sensata.

 

*Fabián Augusto Cárdenas Castañeda

 

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