Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Un viejo tema, una nueva oportunidad

EL PROYECTO DE LEY SOBRE VÍCTImas que acaba de pasar en segundo debate en el Congreso –y al que se opuso con sonámbula ferocidad el Ministro del Interior– tiene un aspecto interesante: la posibilidad de dar tierras de los victimarios a las víctimas. Ideas semejantes han estado flotando en el ambiente desde hace lustros. 

En la década de 1990 se suponía, por ejemplo, que las grandes propiedades de los narcos y de sus políticos serían transferidas a campesinos pobres.  Nada de esto se ha hecho realidad, y el total de hectáreas que han pasado de las manos de los matones a las de los trabajadores es mínimo.

Creo que el costo que el país paga por esto es muy grande. Posiblemente algunos economistas y expertos en la materia tendrán opiniones mucho más matizadas, pero la idea preliminar que me he formado evaluando los casos de desarrollo exitoso es que una condición necesaria, aunque no suficiente, para dar el gran salto es cambiar a fondo las estructuras agrarias.

Quizás haya contraejemplos, como siempre sucede, pero son muy pocos: Malasia es un candidato, pero la compleja estructura social de ese país (una buena parte de los ricos son chinos, a los que puede chantajear el gobierno) podría haber compensado por la reforma no hecha. Al otro lado de la barrera están Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos,  entre otros muchos (también incluiría allí a Chile. Perú no ha sido aún un gran éxito, pero lleva casi dos décadas de crecimiento sostenido y logró salir de su propia guerra).

Nótese que estoy hablando de regímenes diferentes y de gobiernos que se ubican en todos los lugares del espectro político. La reforma agraria fue impulsada por regímenes militares de derecha (en Corea), de centro o izquierda en el mundo andino, por democracias y gabinetes de centro (en Italia), por fuerzas de izquierda en el poder. No se trata de una propuesta que constituya el patrimonio de una sola fuerza o tendencia.

En Colombia hacer una reforma significativa ha resultado imposible (pese a que hubo varias intentonas serias). El resultado es que agentes económicos muy ineficientes tienen un gran peso en nuestra economía y en nuestra política: un peso muerto para nuestro desarrollo.  Y el impuesto con el que todos subsidiamos el atraso se ha vuelto cada vez peor por dos razones. Primero, la iniquidad agraria en el país ha crecido sin cesar, y de hecho el paramilitarismo protagonizó una contrarreforma agraria de grandes proporciones que el proceso de paz con ellos no ha compensado ni remotamente.

Segundo, y en relación con esto, el campo colombiano se ha maleado: el vínculo de los grandes y medianos propietarios –sobre todo en algunos sectores, como la ganadería– con grupos ilegales, y la adquisición de tierras por narcos y paras se han extendido como manchas de aceite (o de sangre, cabría decir aquí). Pero precisamente eso abre una gran ventana de oportunidad. Colombia en este momento podría impulsar una transformación a fondo, orientada básicamente contra los criminales, ganando con ello una enorme legitimidad internacional (también recursos frescos) y comprando un tiquete que parece casi indispensable para ganarse la lotería del desarrollo.

Esta clase de operación la puede impulsar una fuerza política de cualquier orientación, como quizás lo hayan entendido varias bancadas en el Congreso. De pronto ‘MinCarimagua’ no sea la persona para todo esto, pero hay otras. En todo caso, la ventana parece estar abierta de nuevo. No es verdad que el cartero sólo llame dos veces, pero tampoco es cierto que llame siempre. Las oportunidades son pocas, llegan sólo de vez en cuando, y hay que agarrarlas por las orejas cuando se presentan.

 

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