Por: Lorenzo Madrigal

Una cosa es una cosa

UNA COSA ES QUE LOS COMPUTADOres de Reyes no valgan para un proceso penal y otra, bien diferente, que caiga sobre ellos toda sospecha acerca de su veracidad.

Interpol, policía del mundo, los certificó y algún peso ha de tener ante los países vecinos o ante cualquier otro interesado en el tema el documento policial de su autenticidad.

Las verdades que obran en un proceso, han sostenido siempre los procedimentalistas, son de una formalidad tal que, en ocasiones, contradicen la verdad real o verdad verdadera. Pero lo cierto es que a nadie se puede condenar o absolver con base en pruebas o que no se aportaron a tiempo, en el momento judicial exacto, o no se obtuvieron con ajuste a muy precisos requerimientos.

Y es difícil que salgan avante en lo jurídico elementos probatorios obtenidos en una incursión enteramente de guerra entre naciones –sólo que no declarada – y por lo mismo sin permiso ni cooperación judicial alguna del país invadido, toda vez que, en tiempos de paz, ésta habría sido requerida, de acuerdo con tratados y convenciones bilaterales.

El acto fue de una locura desbordada y de un gran irrespeto a los caminos del derecho. Sólo que de ese acto surgió la verdad incontrastable de la complicidad en que andaban incursos los vecinos de Colombia, a ciencia y paciencia de nuestro sufrido país, cercado entonces por atroz guerrilla que se refugiaba en los lindes mismos fronterizos para el “tapo y remacho y no juego más”. Allí, a diez kilómetros de Colombia se atrincheraba el enemigo, con la complicidad manifiesta del gobierno vecino.

Es natural que esos países comprometidos salten ahora de júbilo y elogien a la justicia colombiana, que se atrevió a fallar aparentemente en contra de los intereses de su gobierno. Algo insólito en Ecuador y en Venezuela, por los días que corren. Dictaduras férreas, con disfraces populistas, cerraron hace rato las puertas para la discrepancia, no ya de la expresión democrática, sino de la que se manifiesta a través de los órganos constitucionales del poder público.

Valgan, pues, como indicios, los documentos de Reyes para quien quiera creerlos, pruebas no irrefutables, pero valederas en lo político, no necesariamente en lo judicial. Si Colombia es tan seria, como lo es, en el derecho, ojalá la nación entienda cómo se manejan estos conceptos encontrados, el de la justicia y sus requisitos formales -que en el fondo son garantía para los procesados- y el de la verdad, que afloró indiscretamente y acusó a los vecinos.

Pero estaría de acuerdo en que el tema se supere, para bien de la paz, entre los nuevos mejores amigos. Hay que reconocer lo que se hizo mal desde un principio y sus consecuencias inevitables.

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