Por: Ciudades invisibles

Una discutible autorización

Un trabajo de campo metódico le hubiera permitido al Ministerio de Cultura emitir un concepto técnico adecuado a las condiciones del lugar y del patrimonio que conforman, a manera de unidad indivisible, las Torres del Parque y el Parque de la Independencia.

Hubiera facilitado también deducir con sensatez que el proyecto Parque Bicentenario sí afecta al Parque de la Independencia y a los bienes culturales que le son cercanos. A lo mejor en el sitio, sus funcionarios conseguirían entender que las Torres del Parque serían otra cosa —es decir, tendrían otra valoración— sin el Parque de la Independencia o con un Parque intervenido de manera inconveniente.

Desde el escritorio, en documento de 27 de julio de 2010, el Ministerio de Cultura afirma: “La propuesta urbana para la construcción del Parque Bicentenario no afecta los inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional cercanos al proyecto, ni se encuentra en áreas de influencia delimitadas de estos inmuebles mediante acto administrativo”. Se trata de una opinión personal del director de Patrimonio, que no se sustenta en el análisis arquitectónico del nuevo proyecto y de su impacto, ni en estudios morfológicos de la zona o en valoraciones de los cinco inmuebles que él mismo certifica son patrimonio de la nación. Esta perspectiva reduce el patrimonio urbano a una colección de objetos aislados, que no se conectan entre sí. Asombra que el funcionario no logre entender que las áreas de influencia del Museo Nacional y de las Torres del Parque conforman una unidad que bien podría extenderse a las otras áreas de influencia de los bienes culturales de la zona, que el Ministerio tiene la potestad de delimitar justamente para exigir un plan urbanístico del sector.

En términos generales, un área de influencia es una zona de transición o amortiguamiento entre el bien cultural declarado y el resto de la zona en la cual éste se localiza. Se trata de una franja de normativa regulada, que permite la puesta en valor y la protección del bien. Las teorías de la conservación urbana, desde los años treinta del siglo pasado, le otorgan un valor relevante a estas áreas y proponen el examen minucioso de cada intervención que se realice en ellas. En consecuencia, el Ministerio de Cultura no tiene excusa alguna para no reconocer el valor y significado de estas áreas en la gestión de la ciudad construida.

La autorización del director de Patrimonio tiene en cuenta exclusivamente aspectos jurídicos, que ni siquiera considera a cabalidad. El decreto nacional 1905 de 1995, que declara monumento nacional a las Torres del Parque y área de influencia al Parque de la Independencia, determina que cualquier intervención en el bien cultural o sus espacios públicos debe ser sometida a la evaluación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. La resolución 154 de 2007, de Mincultura, ordena  que sea la ministra quien consienta este tipo de intervenciones. Y la Ley 1185 de 2008 obliga a que sea la entidad que lo declaró, la que apruebe la intervención. El concepto favorable al Parque Bicentenario no fue discutido por el Consejo ni firmado por la ministra de Cultura. ¿Se extralimitó el funcionario?

Llama la atención, en todo caso, que a posteriori de la destrucción parcial del Parque de la Independencia, en sesión del 17 de junio pasado, el Consejo Nacional de Patrimonio avale, casi un año después, un frágil concepto técnico.

María Eugenia Martínez

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