Por: Elisabeth Ungar Bleier

Una estrategia integral contra la corrupción

ES UN BUEN AUGURIO QUE ANTES de asumir sus cargos, los ministros y los altos consejeros presidenciales designados suscribieran una declaración de principios y valores, en la que la transparencia y el buen gobierno fueron ejes centrales.

Como también es de destacar que la lucha contra la corrupción ocupe un lugar relevante en la agenda del nuevo gobierno y que en su discurso de posesión, el Primer Mandatario se haya comprometido a “perseguir y combatir a los corruptos que se roban los recursos de los colombianos”, a atacar “con igual decisión la corrupción oficial o privada, y la relación de vasos comunicantes entre ambas” y a fortalecer la acción preventiva y punitiva del Estado contra los corruptos.

La corrupción disminuye la eficacia y el desempeño institucional, contribuye a la concentración de la riqueza en manos de pocos, desvía los recursos y bienes públicos para favorecer intereses particulares, aumenta la pobreza y la desigualdad, pone las leyes al servicio de grupos poderosos, deslegitima las instituciones y resquebraja los valores éticos y morales de la sociedad. Pero además, cada día son más evidentes los nexos entre la corrupción y actividades de corte mafioso, lo que hace más difícil combatirla. Ejemplo de ello son la captura y la reconfiguración cooptada del Estado, mediante la cual actores vinculados al narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla buscaron incidir de manera directa en la conformación de los poderes públicos, comenzando por el propio Congreso, tanto política como económicamente.

El mensaje del nuevo gobierno en materia de corrupción y su relación con el buen gobierno es positivo. Sin embargo, para enfrentar este flagelo se requiere una estrategia integral contra la corrupción y por la transparencia, con metas e indicadores precisos, diseñada a partir de acciones coordinadas entre las tres ramas del poder público, los órganos de control y el ministerio público, y de las diferentes instancias de la administración pública.

Por supuesto esto exige la voluntad política y el compromiso del Gobierno. Pero éstos serán insuficientes si en la lucha contra la corrupción y en la construcción de un sistema de integridad no se incluyen, de manera explícita y decidida, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector privado, con instrumentos y espacios para fomentar y garantizar el control social y la participación ciudadana, entendidos como centrales al ejercicio de una ciudadanía plena; con mecanismos eficaces para la rendición de cuentas en cada una de estas esferas del Estado, articulados a todo el proceso de gestión pública; y con la promoción del derecho de acceso a la información como garante de otros derechos y de una cultura de apertura informativa en todos los niveles del Gobierno, mejorando la calidad, oportunidad y acceso a ésta. Debe ser un objetivo del Estado en su conjunto estar presente en todas sus prácticas y actuaciones y no sólo de algunas de sus instituciones. Pero además, debe construirse a partir de compromisos con todos los sectores políticos, económicos y sociales del país y de la identificación de sus responsabilidades.

* Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia.

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